Por Edgardo Cabrera
Disfrazados como “Centros Integradores” de la federación, se aprestan a operar 60 de estas oficinas en los municipios, con sus correspondientes titulares o “virreicitos”, que traen la encomienda de restarle poder a los alcaldes.
Semanas atrás los presidentes municipales fueron llamados a una reunión de trabajo con la coordinación de programas federales, además de anunciarles y contarles “a medias” el objetivo de los Centros Integradores, fueron sorprendidos para firmar un “convenio de colaboración”.
No todos los ediles lograron ser chamaqueados, varios se negaron a la firma de un contrato que los obliga a pagar con los recursos de la comuna la renta de una oficina, equiparla, subsidiarles la energía eléctrica, agua potable, teléfono, internet, y hasta secretaria, ah, ya nada más les falta su nieve de limón.
La realidad es que los virreicit@s le restarán poder a las administraciones municipales. En esas oficinas no sólo se atenderán inquietudes en materia de programas sociales federales, sino que se pretende que también desde ahí se presenten y palomeen proyectos de infraestructura, que se bajen los recursos públicos e incluso que en esos lugares se delineen acciones en materia de gobierno, dicho en otras palabras, darles línea a los alcaldes de cómo actuar.
Se trata de trasgredir el federalismo y centralizar el gobierno. Si no fuera poco lo anterior, en esas representaciones del gobierno federal buscarán injerir en temas de Seguridad, Hacienda y Desarrollo Económico; Energía y Comunicaciones y Transportes; así como Bienestar.
Y como suele ocurrir ya con la figura de los súper delegados estatales, cuando lleguen los problemas y las inconformidades por la falta de capacidad para atender las demandas ciudadanas, se les hará fácil canalizar las quejas y protestas a los presidentes municipales.
Aunque en el discurso se escucha muy bien eso de evitar que los alcaldes toquen los recursos federales para frenar la corrupción, también en los hechos y a casi un año del nuevo gobierno, hay evidencia de que las malas prácticas también ocurren –y mucho- en las representaciones federales.
Recordemos el reciente caso de las elecciones internas de Morena para renovar su dirigencia y donde los propios legisladores federales de este partido, así como militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, denunciaron y documentaron el desvío de recursos con fines proselitistas.
Si lo anterior ocurrió en un proceso partidistas, qué pasará cuando lleguen las elecciones constitucionales y los virreicitos quieran aprovechar el cargo para promocionar su imagen y financiar campañas por una presidencia (porque de seguro con ese perfil los escogerán); en el plano estatal la coordinadora de delegaciones y sus secuaces no tienen empacho, desde que llegaron al cargo, de usar el puesto para apuntalar su acelerada campaña por la gubernatura.
SINVERGÜENZA
En eso de hacer campaña con recursos públicos, en San Pablo del Monte vaya descaro con el que opera la diputada morenista Jaramillo al utilizar el “fondo moches” para impulsar las aspiraciones a la alcaldía de un personaje vinculado con ella.
Se trata de Ponce quien fue asignado como el constructor para ejecutar la rehabilitación de la unidad deportiva Cuautotoatla donde destinaron 8 millones de pesos, bolsa que se logró de manera conjunta con los diputados Irma Garay y Ramiro Vivanco.
Es tal el descaro y la promoción anticipada, que desde septiembre pasado, cuando se arrancó la obra, el constructor no tuvo empacho en colocar una mega publicidad, incluso algunas camionetas también propagandísticas, donde aparece su nombre, como si se tratara del generoso “benefactor” de la obra.
El asunto, además, es que quien ejecuta la obra también se le ha visto de manera recurrente en la oficina de la diputada plurinominal Jaramillo, dicen que la asesora, lo que evidenciaría una vez más que el fondo de 250 mdp creado por la actual legislatura para impulsar infraestructura y acciones municipales, se utilizó de manera discrecional.
