A la reja podrían ir a parar algunas autoridades municipales, porque, parece que ahora sí, la Procuraduría General de Justicia del estado y la Fiscalía Anticorrupción van con todo en contra de quienes han usado recursos públicos con fines personales.
Y el primero que podría sufrir las consecuencias de sus actos es el edil priista de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, sobre quien ya existe una denuncia penal, la cual se sustancia y de no haber un cambio o protección oficial, el ex funcionario del gobierno de Mariano González Zarur, podría pasar mucho frío en las rejas.
Resulta que la justicia estatal, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ya tiene la carpeta de investigación 03/2018 muy avanzada por el presunto delito de peculado en contra del alcalde de Huamantla y de quien o quienes resulten responsables.
Las imputaciones que han servido para armar el proceso penal en contra del edil priista se sustenta en el mandato que dieron los diputados de la LXII Legislatura local, que encabezaban sus otrora aliados y hasta impulsores, Mariano González Aguirre y el paisano del huamantleco, Ignacio Ramírez Sánchez.
La denuncia es por al menos 13 millones 400 mil 825.56 pesos, mismos que fueron encontrados como probable daño al patrimonio generado por la Sánchez Jasso a la Comuna de Huamantla durante el ejercicio fiscal de 2017 y que representó el 15.2 por ciento de un importe devengado de 88 millones 429 mil 368.07.
Ese monto, no incluye los 46 millones 808 mil 45 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, así como los 104 millones 722 mil 272 pesos de Participaciones e Incentivos Económicos, toda vez que esos recursos son auditados por la Auditoria Superior de la Federación.
Los más de 13 millones de pesos a los que asciende el peculado y que ya son investigados por las autoridades son porque los ex diputados encontraron faltante de efectivo o arqueo de caja, pagos improcedentes, ausencia de documentación comprobatoria y deudores diversos.
Además, detectaron la falta de recuperación de anticipos, omisión del pago de Impuesto Sobre la Renta, pensión alimenticia y pagos al sindicato 7 de Mayo, saldo vencido de ingresos por recuperar a corto plazo, obra finiquitada financieramente y no ejecutada, volúmenes erogados en exceso, vicios ocultos y falta de documentación técnica justificativa.
Además porque de la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) “se encontró que los documentos no se encuentran vigentes por lo que carecen de requisitos fiscales y no se tiene la certeza de que los bienes o prestación de servicios se hayan realizado; derivado de lo anterior se hará del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal”
Todos esos datos y pruebas fiscales son los que engrosan esa carpeta de investigación, la cual ha sido enriquecida por personajes antes aliado del edil y ahora, enemigos declarados. Son los casos de la ex tesorera de esa Comuna, Gabriela León Palacios, el ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huamantla (Capamh), Sergio Sarmiento Rodríguez y el ex secretario del ayuntamiento, Ponciano Rincón Villagómez, quienes han presentado las pruebas que demostrarían unas presuntas irregularidades cometidas por el edil priista.
También están los hermanos Manuel y Fernando Flores Macías, edil suplente y ex presidente municipal, respectivamente, quienes andan muy inquietos en la Fiscalía Anticorrupción presentando presuntas pruebas en contra de su paisano, quien de no pasar nada extraño, está en serios aprietos y con altas probabilidades de ir a la reja y pasar mucho pero mucho frío.
