Por Edgardo Cabrera
Desapercibido pasó para muchos el acuerdo que la semana pasada signaron el gobierno de Tlaxcala y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, el asunto no es menor, y más de uno debería preocuparse, sobre todo aquellos que construyeron fortunas al amparo del gobierno y que ahora ese dinero lo presumen en campañas políticas adelantadas o dándose vida de reyes.
Nos cuentan que con el pacto entre Marco Mena y Santiago Nieto, avalado por el presidente López Obrador, se pretende frenar el “huachicoleo” del presupuesto, que para el caso de Tlaxcala, es el principal problema.
La delincuencia organizada aquí, es la de cuello blanco, o cómo explicar que de la noche a la mañana varios politiquillos hayan construido fortunas de la nada, y la lista es larga, basta revisar ex alcaldes que llegaron sin nada y ahora son dueños de prósperas empresas, propietarios de franquicias y poseedores de inmuebles hasta en el extranjero.
Es el mismo caso de ex funcionarios que sirvieron de prestanombres para desviar recursos públicos y que ahora esos millones de pesos sirven para financiar campañas, incluida la suya.
Con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica se pretende rastrear desde el desvío de recursos públicos, hasta la evasión de impuestos, pasando por la utilización de prestanombres para ocultar fortunas.
También varios nombres de “prominentes” personajes del sistema judicial estatal y federal están en la mira, porque una cosa es lo que se embolsan mediante sus jugosas percepciones “legalmente” reportadas, pero otra lo que se meten por embutes al poner en subasta la justicia.
Ya veremos si en concordancia con la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema Estatal Anticorrupción ahora sí se pone a trabajar, porque es la fecha que no ha dado ningún resultado a pesar de que desde los medios de comunicación les hemos enlistado una serie de casos que no les ha tomado la más mínima atención, ni distracción.
JINETEANDO
Dentro del PAN estatal crecen las inconformidades en contra de la tesorera del partido, la ex alcaldesa de Nanacamilpa, Lilia Caritina Olvera Coronel.
A la señora aún no le cae el veinte que ya no es presidenta municipal, tampoco diputada, por lo que su función se limita simplemente a administrar las cuentas del partido, para ser claros, está del lado de los soldados rasos y otros son quienes dan las órdenes.
Nos cuentan que entre quienes ya no la toleran están los trabajadores del comité estatal, a los cuales no se les permite contacto directo con la funcionaria, a pesar de que en la mayoría de los casos acuden ante problemas relacionados con el pago de sus percepciones o requerimientos de equipo y materiales.
Pero quienes de plano ya hablan incluso de manifestarse en el Comité estatal, son los presidentes de los Comités Municipales que consideran que las prerrogativas que les deben destinar son “jineteadas”.
Durante todo el 2019, nos cuentan, Caritina se negó a entregarles de forma mensual los recursos para operar las representaciones del PAN en los municipios, dicho dinero debería corresponder al 25 por ciento del total de las prerrogativas del instituto político.
Su argumento fue “que primero tenían que invertirle” de su bolsa y luego, tras el gasto que realizaran, la tesorería se los repondría.
Sin embargo no fue así, les dio largas mes tras mes, y fue hasta finales de año cuando de manera urgente les entregó los recursos obligándolos no sólo a gastarse todo en unos cuántos días, sino a comprobarle cada peso erogado.
Ante ello, ya alistan una solicitud formal al dirigente José Gilberto Temoltzin, para destituir a la tesorera y nombrar a alguien más sensible y eficiente, ya veremos si les hacen caso.
