DENUNCIAS
14 De Diciembre - 2021
Por Edgardo Cabrera
La pasada legislatura acumula dos denuncias y en ciernes está una más. Todas tienen relación con actuaciones consideradas corruptas, pese a ello, la “Nueva Historia” no solo guarda silencio cómplice, sino que a una decena de estos personajes los acomodó en puestos del gobierno estatal; al menos los actuales diputados ya dieron señales de vida sobre este asunto al cancelar plazas y compensaciones heredadas a familiares y amigos.
Desde el año 2020 se formuló la primera querella, la 180/2020, derivada del manejo irregular de los recursos del denominado Fondo de Resarcimiento a las Finanzas Públicas Municipales, el mentado “fondo moches”, que etiquetaron en los dos primeros años de su legislatura.
La segunda llegó este año, la 237/2021 es por tráfico de influencias, particularmente la contratación y basificación de 34 personas en el Congreso local de las cuales 15 corresponden a parientes.
La que está en proceso de elaboración tiene que ver con los mil 340 millones de pesos que etiquetaron durante los tres años de la legislatura para diversas obras y acciones sociales de las cuales hay pruebas de la inexistencia de la aplicación de algunos de esos recursos, costos inflados y favoritismo a empresas con las que tienen nexos.
A lo anterior se le sumará la presentación de un juicio político que, de prosperar, tendría que dejar fuera de cualquier cargo público a los 25 ex legisladores al ser inhabilitados, de los cuales una decena se desempeña como funcionarios estatales, una es funcionaria partidista en Morena, dos son presidentes municipales, y hay otro tanto que está incrustado en ayuntamientos o gobiernos federal, incluso en otras entidades.
El paquete de acciones legales en contra de los “ex levantadedos” es cortesía de la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil, y el caso ya es una bola de nieve que terminará por arrastrar a quienes persisten en encubrir sus malas actuaciones, sino prospera aquí, el caso llegará a instancias federales e internacionales, porque lo que ocurrió no puede quedar impune.
MÁS QUE AMLO
Hablando de la impunidad, solapamiento y abuso, basta voltear a ver a la Oficialía Mayor de Gobierno, parcela otorgada al ex diputado y ex presidente de la JCCP, el morenista Ramiro Vivanco Chedraui.
De acuerdo con una consulta en materia de información pública, el funcionario percibe un sueldo de 114 mil 483.14 pesos mensuales, más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, mantendrá su percepción de 112 mil 122 pesos al mes durante el año 2022. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/08/amlo-se-quedara-sin-su-domingo-en-2022-su-sueldo-crecera-menos-que-la-inflacion/
¿Qué poderosas razones tendrá Ramiro para ganar incluso más que otros funcionarios del primer nivel?, solamente su jefa lo sabrá, pero llama la atención que es esa misma dependencia, la Oficialía Mayor, a la que se le ampliaron facultades para otorgar prácticamente todos los contratos de gobierno, desde la compra de papel, hasta la licitación de obras.
POBREZA FRANCISCANA PARA EL PUEBLO
Es claro que con él no aplica, ni ha aplicado la austeridad, como diputado de la Cuarta Transformación consintió percepciones que superaron los 300 mil pesos mensuales por legislador, más fondo moches, además de bonos extraordinarios que llegaron por ajustes presupuestales, pagos de compensaciones por “horas extras”, y hasta el fondo de retiro que consistió en un ahorro pagado al 3 por 1.
Pero no solo es su caso, el gobierno supuestamente austero tiene sueldos ofensivos para el “pueblo” pobre que dicen representar, lo peor del caso, es que está visto que muchos de esos funcionarios no han dado el ancho, y otros se fueron por problemas con la justicia, es decir, tiraron a la basura el dinero público.
Por cierto, la reingeniería de la que se habló no ha dado frutos en cosas tan simples como la transparencia, las percepciones se ocultan, los datos en su mayoría datan del gobierno anterior.