BUFONES
El Espía secreto
Hasta parece un chiste de mal gusto.
Ahora resulta que los diputados, esos que quincenalmente cobran y cobran muy bien, votan y aprueban leyes que ya fueron abolidas.
La historia no tiene desperdicio.
Resulta que, por mayoría de votos, los diputados locales aprobaron en sesión ordinaria, reformas y adiciones a la Ley de Protección y Atención a los Migrantes y sus Familias para el Estado de Tlaxcala.
Este trabajo legislativo no tendría nada de extraordinario de no ser porque se trata de una ley abrogada en diciembre de 2016.
Es decir, los legisladores avalaron la enmienda de una ley inexistente.
En pocas palabras, nadie se tomó la molestia de avisarles que estaban discutiendo, votando y aprobando algo que ya no existe, que no está vigente, que ya es historia, que no es aplicable, ósea que perdían su tiempo.
Esta situación genera cuestionamientos, por el número de errores que los diputados cometen en total impunidad. No solo parece que no hay forma de ayudarlos, sino que además parece que quieren seguir como van.
Habría que preguntarse dónde está el trabajo de quienes integran las comisiones de Asuntos Migratorios y de Puntos Constitucionales, y por supuesto, el profesionalismo de la diputada Ana Bertha Mastranzo que propuso la reforma y del resto de los legisladores que la apoyaron.
Es evidente que los secretarios técnicos, la Secretaría Parlamentaria, el área jurídica, y el Instituto de Estudios Legislativos, son solo figuras decorativas.
Por lo pronto, el presidente de la Mesa Directiva, Omar Milton López Avendaño, dijo que analizan si con una «fe de erratas» corrigen el yerro.
SENTENCIA
Un grupo de ex trabajadores administrativos del Seguro Popular en la entidad exigen que el gobierno federal les otorgue certeza laboral, tras el cierre del programa, pues desde el 1 de enero desconocen si serán reubicados o finiquitados conforme a la ley.
Según los afectados, en diciembre pasado previo al periodo vacacional de fin de año, al menos 120 empleados fueron informados que se reincorporarían a sus actividades laborales hasta el 3 de enero, pero a su regreso se enteraron que los 25 módulos del Seguro Popular que operaban en la entidad habían sido cerrados.
Es indudable que su derecho a manifestarse está consagrado en la Constitución. Sin embargo, sería más razonable que hicieran la protesta en la Secretaría del Bienestar, donde tiene su oficina la superdelegada, Lorena Cuéllar, quien tendría que atender todo este tema que es del orden federal.
Y en tanto los ex trabajadores se preocupan por su porvenir, doña Lorena promueve su imagen en redes sociales enseñando a preparar pasteles desde la comodidad de su casa, cosa que, evidentemente, en nada le ayuda al gobierno del presidente López Obrador.
SILLA ELÉCTRICA
Y ya que hablamos de la Doña…
La Coordinación Estatal de Organizaciones Sociales y Democráticas (CEOSD) emitió un comunicado dirigido a la Coordinadora de Programas Integrales de Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar, para “exigirle información clara y completa de los resultados de la aplicación de todos y cada uno de los programas del gobierno federal” que se instrumentan en Tlaxcala.
Según las conclusiones de la CEOSD en sus asambleas, la superdelegada ha tenido un mal actuar como funcionaria federal, lo que ha provocado que los ciudadanos “lleguen al extremo de calificar al gobierno que encabeza el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador de ser burocrático, lento, indolente e ineficaz”.
Y mientras este frente se abre, Esaú Martínez, coordinador del Programa de Acopio de Hidalgo y Tlaxcala, lamentó que Refugio Abel Báez, presidente del Comisariado Ejidal de San Luis Huamantla, se haya negado en facilitar una bodega para la recepción de los granos básicos. Lo que no dijo es que Abel Báez ha denunciado que la superdelegada dividió a los campesinos de Huamantla y por eso negaron el comodato de la bodega a la Segalmex.
¿Ineficiencia? ¿Ineficacia?
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