Por Edgardo Cabrera
Las dudas y las denuncias por la labor de la Procuraduría General de Justicia del Estado salieron a relucir de nuevo en las últimas horas, el detonante, la muerte de una exitosa y conocida empresaria apizaquense, esposa de un exfuncionario estatal y personaje cercano a la Triste Historia, de lo cual hubo celeridad en salir a desestimar el asesinato como causa probable.
Y la abogada del “pueblo” confunde, de nuevo, la gimnasia con la magnesia, además, convenientemente. Cuando se exige que la dependencia informe a la brevedad no significa que salgan a defender, desestimar líneas de investigación o, incluso, establece una sola hipótesis del caso.
Eso fue lo que ocurrió en el citado asunto, en tiempo récord, ahora sí, tuvieron peritajes y estudios científicos. Suponemos que agotaron múltiples entrevistas con los involucrados en el caso e incluso elaboraron los correspondientes estudios psicológicos tanto de los tres menores que dejó en la orfandad la empresaria, como al esposo y personas cercanas a la familia.
La urgencia, para la procuraduría, fue desestimar la muerte dolosa, incluso de forma aventurada aseguraron que se indagó mediante el protocolo de feminicidio, “porque así se investigan todas las muertes de mujeres, niñas y adolescente”, dijeron, y eso es una gran mentira, las colectivas han documentado y dado cuenta que eso no es así en la mayoría de los casos.
Pero la gran duda es aún, porqué en este tema en particular en cuestión de horas cerraron el caso con una declaración a botepronto de Ernestina, pero siguen corriendo los meses y no ha salido la autoridad y su comitiva a esclarecer la muerte de Ana Laura, Cecilia, Sandra Emma, y decenas más que no han tenido el mismo trato.
Por ello crecen las dudas, ¿en verdad se hizo una exhaustiva investigación en cuestión de horas?, y si fue así, por qué no ha ocurrido igual en otros tantos casos más, 29 para ser exactos, en los que incluso se pudieron prevenir las muertes tras ser reportadas como desaparecidas. Es claro que algo no huele bien en esa instancia que con la Triste Historia hay constancia que tortura y mata a los detenidos.
FISCALÍA Y RED
A colación de lo anterior, este miércoles dos momentos más ponen el dedo en la llaga, por un lado, la agrupación “100 por Tlaxcala” planteó una iniciativa en la que urgen la transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado a una Fiscalía, con auténtica autonomía y que la gobernadora no sea quien imponga mediante una terna al titular.
Ello implica, además, que Ernestina tendría que salir del puesto y que especialistas evalúen al mejor perfil para ocupar el cargo, ciertamente suena bien, en los hechos se trata de un sueño guajiro, a nivel nacional, incluida la fiscalía general de la República, siguen sumisos al ejecutivo en turno y sus titulares llegaron al cargo por ellos.
Pero, aún más, para el caso nuestro no tendría que mediar una iniciativa ciudadana, desde hace años debió haberse desaparecido la figura de procuraduría y pasar a fiscalía; junto con Hidalgo y Baja California Sur, somos de los estados omisos a la reforma federal y, aunque en campaña se prometió avanzar en la materia, el primer acto de gobierno de la Triste Historia fue nombrar a una procuradora en lugar de un encargado de despacho para impulsar el cambio.
También, este día el Congreso local, por invitación del diputado perredista Juan Manuel Cambrón, abrió sus puertas para un foro de la Red de Víctimas de Tlaxcala, quienes, además de hablar de sus dolorosos casos, confirmaron que la constante es la mala impartición de justicia y el abuso de autoridad.
