Por Edgardo Cabrera
El pasado 15 de octubre se les venció el plazo a los diputados locales y a su “flamante” comisión especial para resolver sobre la permanencia o ratificación en el cargo de Elías Cortés Roa.
Con toda la intención dejaron correr los plazos, a estas alturas, a los legisladores simplemente les quedará concluir la simulación del proceso con la ratificación por otros seis años del abogado.
Tan es así que la semana pasada Cortés Roa se fue a placear a Calpulalpan, durante la ceremonia conmemorativa de la anexión de dicho municipio a Tlaxcala
Ahí fue cuestionado por la prensa sobre su proceso y sin mayores aspavientos evitó hablar de un escenario futuro basado en impugnaciones en caso de que no sea ratificado, por el contrario, su rictus mostró confianza absoluta de que seguirá cobrando millones de pesos como magistrado.
Incluso, hasta ayudó a la despistada comisión que lo evalúa y a su presidenta, Zonia Montiel, al asegurar que la Constitución Política no establece el supuesto de la “ratificación tácita” en caso de que el Congreso no resuelva sobre su caso en los 90 días previos a la conclusión de su encargo.
La realidad es que Cortés Roa, como profesional del derecho, sabe que la justicia federal lo ampararía ante el supuesto de no ser ratificado, teniendo como principal argumento el incumplimiento a los tiempos establecidos por ley.
Y mientras en el Congreso siguen perdiendo el tiempo en un proceso simulado, las quejas contra la labor del magistrado sí existen, de ahí que de haberse realizado un ejercicio serio Elías tendría que separarse del cargo en enero.
Una de esas quejas es de la sindicatura de Teolocholco, luego de que el magistrado ordenara embargar cuentas bancarias del ayuntamiento como parte de un laudo laboral superior a los 700 mil pesos.
La síndica recurrió a la protección de la justicia federal y promovió un amparo, bajo el argumento de que se violó la ley al congelarles recursos que son del orden federal los cuales, según su defensa, son intocables en dicho pleito laboral.
De ahí que no sería raro que el siguiente recurso que promuevan quienes se sientan agraviados por la ratificación de Cortés Roa sea contra los legisladores locales por simular el proceso de evaluación y no atender a las pruebas contra las presuntas quejas por su mala actuación.
ENTRE GAS Y PATADAS
Este martes tres centenas de alcaldes del país madrugaron (lo que pocos hacen) y antes de que saliera el sol ya estaban afuera del Palacio Nacional en una singular protesta para exigir audiencia y más recursos públicos al presidente López Obrador.
Fueron abanderados por ediles panistas, entre ellos el alcalde de Huixquilucan (Edomex), Enrique Vargas, a quien el vocero de AMLO, Jesús Ramírez, acusó de rijoso y de estar “muy enjundioso” empujando la puerta mariana para ingresar a la fuerza, de ahí que los corrieran de la entrada con gas lacrimógeno.
Sus demandas se derivan de los recortes que han sufrido desde que les quitaron a los diputados federales el “fondo moches” (creado por el PAN), que se manejaba en antaño para ampliar el presupuesto de los municipios del país y acceder a una bolsa de recursos adicionales para obras.
Pero equivocaron la estrategia al pretender ingresar a la fuerza, porque ciertamente son autoridades y ellos tampoco tolerarían que en sus comunas grupos de manifestantes pretendieran entrar violentamente a los palacios municipales.
Ahora bien, del otro lado las cosas no son mejores, porque mientras a los alcaldes se les mete al orden con el uso de la fuerza, acciones fuera del estado de derecho de otros grupos, como los violentos anarquistas, o normalistas que secuestran camiones, personas y vías de comunicación, se tolera y no se les toca ni con el pétalo de una rosa.
Por Tlaxcala fueron cuatro, y en particular me llama la atención el caso del panista de Yauhquemehcan, Francisco Villareal, que en su calidad de Presidente de la Conferencia de Alcaldes anduvo en el argüende y dando entrevistas plácidamente.
Recordemos que el señor es un mentiroso, su cuenta pública correspondiente al año 2018 fue aprobada PERO tras oscuros acuerdos ya que el informe del OFS se encontraba en sentido negativo.
La revisión del Órgano de Fiscalización (como lo hemos documentado) traía observaciones del mal ejercicio de casi 11 mdp, cifra que superaba el 7 por ciento del total de su presupuesto, aún así engañó y dijo que eso no era cierto, sin embargo los documentos oficiales dicen lo contrario y lo que quedó claro es que este “farol de la calle” operó –quién sabe de qué forma- para revertir el sentido del informe que supuestamente era intocable.
Claramente Villareal no es el mejor ejemplo ni tampoco tiene la calidad para protestar y hacerse la víctima.
