LA DELEGACIÓN DEL MALESTAR
Por Edgardo Cabrera
A la orden del día se encuentran los actos de intimidación en la delegación federal del Bienestar en Tlaxcala.
Además de la oleada de despidos que comenzó a finales de diciembre de 2019, y se prolongó hasta el 30 de abril de este año, los empleados son obligados a la firma de su renuncia “voluntaria”, práctica que se supone ya no ocurriría en el actual régimen de Morena.
So pretexto de la firma de sus contratos laborales, trabajadores que no pertenecen al círculo cercano a Lorena Cuéllar (quien cobra como coordinadora de programas federales) comenzaron a ser llamados al área jurídica donde son encerrados y amagados.
Testimonios en poder de Gentetlx, dan cuenta que en cada caso les entregan tres documentos para su firma, los dos primeros tienen que ver con la renovación de un contrato laboral por tiempo limitado, en algunos casos de solo tres meses, y en una tercera hoja se incluye la renuncia voluntaria.
Incluso, en ese último documento se pretende dejar a los trabajadores en total indefensión de sus derechos laborales y legales, ya que en ella se asienta su “renuncia” a todas las prestaciones que pudieron generar durante su periodo de trabajo en el Bienestar, se “abstienen” de emprender cualquier acción jurídica y, por si fuera poco, “agradecen” la oportunidad de haber colaborado para el gobierno de la república.
Ante la negativa de la firma de la renuncia voluntaria, los trabajadores son intimidados por el personal jurídico, al advertirles que de no hacerlo no procederá la renovación de sus contratos y, en otros casos, la propia delegada del Bienestar, Lorena Cuéllar, se comunica con los inconformes para tratar de “convencerlos” e incluso presionarlos, como en el caso presentado este domingo, en Gentetlx, de una servidora de la nación, a la que le fabricaron de forma inmediata tres actas administrativas para despedirla.
Y la limpia interna, sobre todo de personal que no comulga con los intereses políticos de la delegada, se presenta aprovechando la distracción mediática por la pandemia por el Covid-19.
A COLACIÓN
Por cierto, que la semana pasada dos testimonios de ex servidores de la nación llamaron la atención, se tratan de Graciela González y Tirzo Espejel Cova, la primera de la zona de Nanacamilpa, y el segundo de Calpulalpan.
Ambos fueron corridos, y aunque sobre ellos pesaron señalamientos de supuestas malas prácticas en su labor como servidores públicos (posterior a ser exhibidos los despidos de manera mediática), en los hechos a ninguno se le inició un procedimiento que garantizara su derecho de audiencia y defensa, es más, ignoran el soporte legal que motivó su baja.
Entrevistados la semana pasada en Mesa de Redacción, ambos develaron que el verdadero fondo de su remoción se debe a no servir a los intereses políticos de Lorena Cuéllar, es decir, a negarse a operar clientelarmente para ella.
Incluso Graciela González sostuvo que ella, junto con Tirzo Espejel, fueron operadores políticos de Morena en la zona poniente del estado, sin embargo, ahora son sustituidos en el Bienestar por operadores plenamente identificados con la súper delegada, ajenos a Morena y a la 4T.
En este sentido, revelaron también que se mide con diferentes raseros, y es que expusieron que otros dos servidores públicos, lorenistas, fueron protegidos a pesar de cometer presuntos delitos electorales.
Recordaron que dichas personas se entrometieron en el proceso interno de renovación de Morena el año pasado, incluso dicho acto fue documentado por la prensa, pero fueron “perdonados” y se mantienen en la nómina del Bienestar, simplemente por realizar trabajo electoral a favor de la aspirante a la gubernatura.
