Sin pretexto ni justificaciones balines se han quedado los representantes de la cuarta transformación en el Poder Legislativo de Tlaxcala para hacer efectiva la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para acabar con las canonjías de las que goza la burocracia de la entidad.
El pasado 8 de octubre, el Congreso de la Unión concluyó con el trabajo parlamentario para crear la Ley de Austeridad Republicana y aunque falta su promulgación para que entre en vigor, los diputados de Tlaxcala tienen ante sí la posibilidad de reivindicarse con una norma local que acabe con los excesos que cada año salen a la luz pública con la dictaminación de cuentas públicas.
El día de los Santos Inocentes de 2018, el 28 de diciembre pasado, los diputados aprobaron la ley local en la materia, misma que fue vetada por el Ejecutivo estatal y hasta ahora, los congresistas la mantienen en la congeladora con el argumento de esperar la disposición federal en la materia.
Ahora, ya la tienen, no hay pretexto ni justificaciones para hacer realidad ese discurso que enarbolaron en sus campañas electorales, de acabar con excesos y abusos al amparo del dinero público; aunque quizá la visión de los diputados ha cambiado a la sazón de los beneficios que se han dispensado varios de los nuevos ricos de Tlaxcala.
Por ejemplo, de aprobarse la norma local, los diputados no podrían etiquetar recursos para fondos de campo y obras, pues no pueden ejercer funciones del Ejecutivo. Se quedarían sin unos 500 millones de pesos que ya preveían para el año 2020.
Tampoco habría justificación para seguir con una bolsa de más de 80 millones de pesos para gestión, misma que fue incrementada en 100 por ciento por los actuales inquilinos del Palacio Legislativo.
Ya no podrán hacer de la nómina del Congreso local su santa voluntad y permitir la contratación de hermanos, sobrinos, novios y ahijados de diputados que son pagados a costa del erario.
Tendrán que renunciar a los altos costos que genera su atención médica en hospitales fifís, porque deberán atender sus padecimientos en el sistema público de seguridad social que proporciona el Estado.
Nunca más deberán cubrir sus excesos y gustos gourmet, ni la francachela que les apasiona con cargo a nuestros impuestos, tampoco los viajes por el país y en el extranjero, ni becas ni pistas de aterrizaje para la respectiva fuerza aérea de la que, presuntamente, gozan algunos de los que cobran como diputados.
De igual manera, de hacer realidad su discurso de campaña y la aplicación de una de las primeras leyes que aprobaron y que sigue en el sueño de los justos, deberán reducir la burocracia que ahora los atiende, los secretarios técnicos que existen sin trabajar, los meseros que reparten las caras viandas, los frutos secos y las aguas mineralizadas que se engullen mientras sesionan un par de horas. El comedor del DIF del Poder Legislativo tendría que extinguirse.
A muchos se les acabará el negocio al amparo del cargo, porque de hacer efectiva la creación de un Catálogo Único de Productos y Servicios, como lo establecieron en la norma, no podrán vender ni ofrecer sus empresas constructoras, ni comercializadoras de calentadores, computadoras, semillas y animales –enfermos- sin que no exista evidencia de por medio.
Quizá a los diputados las mieles del poder les endulzaron la existencia y a más de 13 meses de ejercer el cargo, ya la visión les cambió, y con ello, el discurso que los llevó al Poder Legislativo se terminará por ir al retrete, porque muchos que no querrán renunciar a las canonjías que ahora gozan.
Sin embargo, los diputados de la cuarta transformación ya no tienen pretextos ni justificaciones para acabar con los excesos y abusos de los que ahora son parte como integrantes de la élite y la alta burocracia que padece Tlaxcala.
No hay comentarios:
Publicar un comentario