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viernes, 4 de octubre de 2019

Sobre diputadas ignorantes de la Constitución y basura dentro del Sindicato 7 de mayo y sus elecciones






Por Edgardo Cabrera
Una de dos: la diputada Zonia Montiel nos quiere dorar la píldora, o de plano padece supina ignorancia de la Constitución Política del Estado, así como del procedimiento para ratificar o remover al magistrado Elías Cortés Roa.
La ley es clara y establece el artículo 54, fracción XXVII, inciso A, que el Congreso resolverá sobre la ratificación o remoción (del magistrado), con anticipación de noventa días naturales a la fecha en que expire el plazo de ejercicio.
Pero la priísta malinterpretó la Constitución y cree que tiene 90 días para evaluarlo, de persistir en su terca ignorancia van camino a la ratificación tácita de Cortés Roa, y pareciera que ese sería el móvil de algunos legisladores.
Hasta este jueves, la comisión especial para atender este caso -que encabeza Zonia Montiel- no había requerido al Consejo de la Judicatura un informe del desempeño del magistrado al que se le vence el plazo de su ejercicio el 12 de enero del año 2020, peor aún, ni siquiera los diputados se habían instalado formalmente para trabajar.
Será este 15 de octubre cuando deberán contar con un dictamen, de lo contrario, la propia Constitución es clara en cuanto a las consecuencias de la omisión del pronunciamiento del poder Legislativo.
Por cierto, en eso de los “otros datos”, pronto saldrán a relucir algunas reuniones soterradas para favorecer ciertos intereses. 
DE PRONÓSTICO RESERVADO
En víspera de la jornada para renovar el Comité de Vigilancia del Sindicato 7 de Mayo las cosas se tensaron entre los agremiados.
Resulta que comenzaron a circular una serie de videos donde salen a relucir acusaciones en contra de los ex líderes, Guadalupe Rodríguez y su esposo Pedro Erazo (ambos expulsados del gremio desde hace varios años), por estar detrás de la planilla Guinda.
Dando la cara, con nombre y apellido, los empleados recordaron que durante la estancia de ambos personajes padecieron acoso laboral, abusos, revanchas políticas y hasta la venta de plazas, de ahí que alertaron a sus compañeros en no dejarse engañar. 
Pero los señalamientos no quedan ahí, también durante la campaña dicha planilla fue amonestada, y estuvo a punto de perder el registro, debido a una guerra sucia que montaron, amén de que destinaron grandes recursos económicos para promoverse.
Al respecto el actual dirigente, Edgar Tlapale, en entrevista en el programa Mesa de Redacción, adelantó que ya pidió seguridad pública para resguardar los trabajos que realiza el sindicato este viernes en el Centro de Expositor de la capital, a donde están convocados los 2 mil 870 trabajadores agremiados para votar.
Y la cosa no termina ahí, al ser cuestionado sobre la injerencia de personajes externos en el proceso interno sindical, Tlapale confirmó que existen pruebas de la intervención de los esposos Rodríguez-Erazo, así como de su hija Karina, a quien, recordemos, tuvieron el descaro de nombrar secretaria general interina durante el proceso convulso de renovación de la dirigencia en el año 2014.
Con este contexto, de pronóstico reservado se anticipa la elección de este viernes del Comité de Vigilancia, órgano interno que tiene no solamente las facultades de una contraloría interna, sino que es el ente rector de los trabajos para la renovación de la dirigencia previsto para el primer viernes de abril del año 2020, cuando concluye el periodo de 6 años de Edgar Tlapale.
PREVISIONES
A colación del proceso comicial del 7 de Mayo donde participan tres planillas, la Verde, Amarilla y Guinda, se prevé un viernes complicado en materia de los servicios que prestan las dependencias estatales, los poderes, ayuntamientos y organismo descentralizados. 
Hablamos que 2 mil 870 trabajadores no acudirán a sus centros de trabajo ya que gozan de un permiso para participar en su asamblea, y es en el poder Ejecutivo donde está la mayor baja ya que ahí están asignados mil 104 empleados.
En los ayuntamientos existen más de 900 trabajadores, 290 están en la Secretaría de Educación Pública, 215 en el poder Judicial, 106 en el Legislativo y el resto en organismos descentralizados como comisiones de agua potable quienes no acudirán a trabajar.

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