Por Edgardo Cabrera
El sueño de Mario Jiménez y su camarilla de la Tremenda Corte por contar con recursos sin precedentes para el próximo año (al menos 400 mdp, es decir, un incremento de 45%) se explica fácilmente al revisar lo ocurrido durante la integración del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Dicha instancia, que se creó como parte de las reformas constitucionales en materia de impartición de justicia, sirvió para acomodar a más familiares y amigos de magistrados, jueces y funcionarios, por tanto, no hay dinero que les alcance para seguir dilapidando el erario y concediendo favores.
El proceso se realizó de manera opaca y tras consultar los primeros nombramientos queda claro que lo que prevalece en ese lugar no sólo es la ausencia de transparencia (su página web está vacía), sino el favoritismo.
LOS NOMBRES
Con un primer contrato derivado de un nombramiento comprendido del 16 de febrero al 15 de julio de 2019 sale a relucir el cargo de Oficial de Partes del TJA donde fue acomodada la hija del Juez Mariano Reyes Landa, Gema Mariana Reyes Rojas.
Pero no es el único caso, la “Comisión Especial” del Consejo de la Judicatura que conoció y avaló los nombramientos, también palomeó la designación del hijo de la Jueza Olivia Mendieta Cuapio como Diligenciario; se trata de Joel Jaír Rodríguez Mendieta, a quien le otorgaron el puesto por el periodo del 16 de febrero al 15 de julio de 2019.
Los flamantes magistrados de Justicia Administrativa (Elías Cortes Roa y Marcos Tecuapacho Domínguez, así como la presidenta María Isabel Pérez González), designaron además a Gerardo Reyes Pérez, como Jefe de Departamento de la Dirección Administrativa, por el periodo del 16 de febrero al 15 de julio de 2019.
Llama la atención que este nombramiento fuera palomeado por la Comisión Especial de la Judicatura pese a que el Consejo de la Judicatura del TSJE le rescindió un contrato laboral en el poder judicial, y le iniciaron un procedimiento de responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad Investigadora del Tribunal ante el presunto mal uso de recursos públicos.
Quizá por lo anterior frenaron la renovación del contrato y en su lugar colocaron a Alejandra Hernández como encargada de la Dirección Administrativa para cubrir el lapso del 19 de septiembre de 2018 al 15 de julio de 2019.
Como parte de los nombramientos unilaterales, pasándose por el arco del triunfo la “equidad” pregonada desde el TSJA y así concursar todas las plazas, también aparecen los nombres de Marco Antonio Álvarez Huerta, como Secretario de Acuerdos; Juan Manuel Hernández Llamas, Contralor; Marco Antonio Zelocualtecatl León, Jefe de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales; y Paloma Ramírez Meza, Directora de Tecnologías de la Información.
Evidentemente estamos ante una instancia que repite y mantiene los mismos vicios de la Tremenda Corte.
PARA REMATAR
A colación de lo anterior, desde agosto del año pasado que fueron nombrados por el Congreso del Estado María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez como magistrados de Justicia Administrativa, su desempeño es simplemente gris.
Por tanto el magistrado (ya ratificado tácitamente por los diputados por un periodo de otros 6 años) Elías Cortes Roa esperará paciente un año más para que ascienda a la posición de presidente, puesto que ocupa actualmente Isabel Pérez de forma lúgubre.
También, a más de un año de funciones, el otro magistrado, Marcos Tecuapacho Domínguez, sigue arrastrando la consigna de estar en el puesto meramente por el favor de Joaquín Cisneros, tío de la súper delegada Lorena Cuéllar Cisneros, de ahí que tampoco se le vea un trabajo destacado como juzgador.
Con dicho antecedente, no es extraño que el TJA sea un ente más que solamente sirve para mamar de la ubre gubernamental, al igual que ocurre con el sistema anticorrupción.
Con ellos o sin ellos, en Tlaxcala todo seguiría igual.
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