Por Edgardo Cabrera
Si algo ha caracterizado la administración de Giovanni Pérez son sus excesos y el abuso del poder amparado por el cargo de presidente de Totolac; imagínense qué pasaría si ha dicho personaje lo impulsaran para diputado local o federal, como sueña guajiramente.
Semanas atrás fue protagonista de un escándalo luego de que -tras una noche de fiesta- participara en un incidente con la policía estatal al ser detenido por la madrugada, de ese caso derivó el agandalle de su guarura (¡ah!, porque tiene guarura) quien le reventó una botella en la cabeza al uniformado que simplemente cumplía su labor.
Mentiroso, negó el incidente por medio de un comunicado de prensa, pero más tardó en mandar el boletín que la verdad saliera a flote cuando la propia autoridad de procuración de justicia dio a conocer la veracidad del incidente y la vinculación a proceso del agresor.
El caso llegó a los oídos del líder nacional del PRD, Ángel Ávila, quien en una reciente visita al estado, lamentó el comportamiento del alcalde que llegó al cargo bajo las siglas del Sol Azteca.
Pero ahí no acaba la cosa, desde que asumió el cargo trató de hacer su santa voluntad, lo que incluye negocios, recordemos que a unas cuantas horas de que se inaugurara la Feria de Tlaxcala mandó a su personal a pintar cajones de estacionamiento en la vía pública y estableció cuotas que pretendía cobrar a los automovilistas que acudieran a divertirse.
Su intentona fue severamente cuestionada y ante las quejas tuvo que recular.
Ahora, en su más reciente escándalo, salieron a relucir denuncias de un vecino de Totolac, de nombre Cristian Briones, quien señaló directamente al alcalde Pérez de intentar apoderarse ilegalmente de un predio de su propiedad.
Incluso, aseguró que no es el único caso de abuso de autoridad, ya que hay otros supuestos terrenos que han arrebatado argumentando que están abandonados por sus dueños.
Y mientras los excesos y abusos salen a la luz pública, en los hechos dicho municipio conurbado a la capital del estado no tiene nada que presumir, empezando por vialidades dignas, el único sello es un penacho maltrecho que colocó en el distribuidor vial El Trébol que a lo mejor es con el que pretendió coronarse como TotolRey.
HÁGASE LA VOLUNTAD EN LAS MULAS DE MI COMPADRE
Cuando parecía que estaban por hacer una faena digna de rabo y orejas, los diputados locales se quedaron solo con el intento y más bien aplicaron aquella máxima de: “hágase la voluntad de dios en las mulas de mi compadre”.
Resulta que como parte del proceso de armonización con las normas federales, el martes el Congreso del estado aprobó reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a la clase burócrata del estado y funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimonial y de intereses.
El problema es que de los 25 que conforman la actual legislatura, solamente 6 cumplieron desde un inicio con dicho ejercicio de transparencia que, incluso, no tendría que estar motivado por ninguna obligatoriedad considerando la promesa de ser “diferentes” al anterior régimen.
Se tratan de María de Lourdes Montiel Cerón, de Morena; Maribel León Cruz, del PVEM; Michaelle Brito Vázquez, del PT; Omar Milton López Avendaño, del PAN; Luz Guadalupe Mata Lara, del Panal; y Zonia Montiel Candaneda, del PRI.
Y si bien son 11 los que han transparentado dichas declaraciones en la plataforma 3 de 3 que administra una Organización No Gubernamental, según su reforma la obligación de publicarlo es en una página oficial, en este caso la del Congreso del estado.
Con la nueva adecuación al marco legal, de la que se espera su publicación en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor, se establece que serán obligados todos los servidores públicos (incluidos diputados) a publicar en páginas oficiales o portales web, la información en versión pública de la declaración patrimonial y de intereses.
Ya veremos si al momento en su entrada en vigor ya cumplieron, porque una cosa es aprobar leyes y la otra predicar con el ejemplo.
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