Los Cuéllar, entre el desvío y los reflectores
Por José Luis Ahuctzin
Lorena Cuéllar Cisneros, súper delegada del gobierno federal de MORENA, deberá dar una explicación a los tlaxcaltecas del por qué la Asociación Civil «Colegio Guillermo Valle», institución educativa, es beneficiaría con becarios del programa federal que ella misma controla, el de Jóvenes Construyendo el Futuro.
NO sería relevante el registro de la «empresa familiar» en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino fuera porque de ésta A. C., la dueña es su hermana Mónica, e incluso trasciende ella misma como accionista.
Este conflicto de interés, o mejor dicho el probable desvío de fondos federales para beneficio de su familia, debería ser investigado o, a caso, por pertenecer a la 4T está libre de culpa?
De acuerdo con el padrón de empresas registradas, en Tlaxcala existen 4 mil 562, de la que el Colegio ocupa el lugar 372 del registro estatal.
No ha sido la primera ocasión que Cuéllar Cisneros se ha visto involucrada en escándalos; la falta de presencia y fuerza política, como la desconfianza, y su soberbia, la dejan con una imagen endeble ante la sociedad.
Recordemos que tiene una plaza laboral en la SEP como Jefa de Sector que, no la utiliza ni deja que sea útil a jóvenes que egresan de carreras educativas.
En el 2017, siendo senadora y a la vez con la plaza laboral, la legisladora que busca eliminar la corrupción y acabar «con los de la mafia del poder…», ostentó, al mismo tiempo que senadora un cargo de dirección con la clave y número de registro 079437E062900.0290015; que más tarde -según ella- desmintió pero nadie se lo creyó.
Cuéllar Cisneros, también saltó a la fama nacional en febrero pasado en la publicación de Milenio, porque de entre los 31 súper delegados, ella es considerada una de los 7 funcionarios federales más pudientes al poseer terrenos, casas, departamentos, autos de lujos.
Reportó 7.6 millones de pesos en 7 casas, 3 departamentos, y un terreno; 720 mil pesos en 3 vehículos: un Renault Kangoo, Peugeot Grand Raid, y un Wolkswagen Caddy Maxi; además de 2 millones de pesos por mensaje de casa.
La pregunta es y siempre será, ¿Por qué políticos como estos no son investigados por la Secretaría de la Función Pública para sancionarlos o deslindar responsabilidades?
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