Por Edgardo Cabrera
Con la novedad que en el Congreso del estado no logran ponerse de acuerdo en el tema de la regulación de las plataformas digitales de transporte, asunto que ya estaba en la congeladora hasta que el diputado Miguel Piedras fungió como la marioneta de los intereses de los eternos líderes del transporte público y lo revivió.
Recordemos que al cierre del año pasado, el también presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, presentó una iniciativa de reforma elaborada al vapor y sobre sus rodillas con la que pretende monopolizar el servicio tipo Uber a favor de los concesionarios del transporte público.
De forma incongruente, también el año pasado, este personaje dilapidó recursos públicos para organizar foros con el objetivo de crear una ley estatal de Movilidad y abrogar la obsoleta ley de Transporte, trabajos que se fueron al cesto de la basura ya que ahora pretende reformas a la norma que se suponía estaba en camino de desaparecer.
Pues con dicho contexto, este miércoles en comisiones no hubo acuerdos a pesar del compromiso con los caciques del transporte público para sacar el dictamen de la ley Piedras a su favor -esta misma semana-, por el contrario, crecieron las voces de legisladores que se pronuncian por construir una normatividad para que tanto concesionarios como empresas privadas pueden explotar el servicio.
Ante la falta de consensos determinaron que será hasta la próxima semana cuando finalmente tengan un acuerdo y dictamen.
El problema (para los diputados) es que las organizaciones de concesionarios mantienen su ultimátum de aniquilar a empresas como Pronto y darles a ellos la potestad de las plataformas, pero no crean que para usarlas, sino para meterlas a un caja fuerte y seguir con las prácticas de siempre: un servicio público mediocre, caro y con fuertes intereses e injerencia en la política local, el peor ejemplo es el propio diputado Miguel Piedras, poderoso concesionario en Apizaco.
AÑO NUEVO, COCHE NUEVO
Sorprendió el líder de la Coduc en el estado, Alejandro Martínez luego de que acusara a los diputados de presupuestar la supuesta compra de 25 automóviles nuevos en el Congreso local.
Aunque no presentó ninguna evidencia al respecto, la duda se generó ya que ninguno de los diputados, tampoco su área de comunicación, fijaron alguna postura por dicho señalamiento.
Y no es poca cosa, la compra de dichas unidades requeriría algo así como 7.5 millones de pesos, considerando un promedio de 300 mil pesos por cada automóvil, dinero que bien pudo destinarse a otras partidas, como el campo.
De manera extraoficial algunos legisladores negaron la acusación, pero ante la falta de una postura con nombre y apellido pareciera que el señalamiento de Alejandro Martínez lleva algo o toda la verdad.
Por cierto que con la acusación del también ex diputado federal, pasa a traer a su cuasi próximo correligionario José Luis Garrido, de quien nos cuentan que anda que no le calienta ni el sol, luego de que al cierre del 2019 el líder nacional de la Coduc confirmara un pacto con la agrupación política PES, de Hugo Erick Flores, que busca constituir el partido político nacional Encuentro Solidario.
Recordemos que Garrido ya se sentía también dueño de esta nueva franquicia tras la renuncia del diputado federal José de la Luz Sosa Salinas a las filas del PES, y es que según sus cálculos entre el partido local Encuentro Social Tlaxcala y el Solidario aseguraría para él y su familia candidaturas pluris, tanto para el congreso del estado como para la Cámara de Diputados federal.
Por lo pronto, el propio Garrido es uno de los que deben aclarar para qué quieren los diputados 25 vehículos nuevos cuando hay otras tantas necesidades más que atender, de ser falso, ya se están tardando en aclararlo.
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