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| Lo que hicieron los legisladores fue todo un teatro para lavarse las manos del asunto de fondo que es la movilidad y las nuevas opciones tecnológicas que alcanzaron a Tlaxcala, con las reformas simplemente trasladarán a un futuro cercano el problema (y las protestas) al gobierno del estado, bueno, siempre y cuando no les vete el ejecutivo dichas reformas. |
Por Edgardo Cabrera
Contagiados por la fiebre de los Oscar, diputados locales intentaron dar cátedra de actuación este martes al aprobar reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes con las que pretenden quedar bien con dios y con el diablo.
De entrada, su reforma fue considerada confusa, y cómo no, si en uno de los artículos modificados, el 42 Quinquies, se establece que el servicio de transporte contratado vía plataformas es considerado “servicio público” y sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con una concesión de transporte público O AUTORIZACIÓN de la Secte.
Y dicha redacción, abre espacio para la interpretación legal, es decir, en primer lugar dejan abierta la posibilidad de que las empresas que actualmente operan el servicio (Pronto, Uber, Yabü y Geocab, por citar algunas) puedan seguirlo haciendo siempre y cuando estén autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado.
La realidad es que la reforma lleva trampa, tan es así que los primeros en saltar fueron los transportistas concesionarios al considerarla “confusa”, ellos exigían que claramente se estableciera una prohibición.
A la trampa se sumaron algunos otros argumentos, como el de la diputada morenista María del rayo Netzahuatl quien asegura que las empresas y los operadores del servicio de transporte vía plataforma tienen ganados derechos, incluso que ellos mismos, los diputados, las avalaron en la ley de ingresos al considerar la captación de recursos por parte del estado por esta actividad.
No sólo eso, existen dos decretos emitidos por el ejecutivo mediante el cual reconoce el servicio digital de transportación y mediante los cuales están consintiendo su funcionamiento mediante el cumplimiento de una serie de requisitos.
Evidentemente lo que hicieron los legisladores fue todo un teatro para lavarse las manos del asunto de fondo que es la movilidad y las nuevas opciones tecnológicas que alcanzaron a Tlaxcala, con las reformas simplemente trasladarán a un futuro cercano el problema (y las protestas) al gobierno del estado, bueno, siempre y cuando no les vete el ejecutivo dichas reformas.
En conclusión, las plataformas seguirían operando con dichas reformas, pero sería la Secte la responsable de autorizar tanto a particulares como a concesionarios su operación… sin duda, los diputados se llevan su Oscar por la mejor actuación dramática.
A COLACIÓN
Aunque quieran generar la percepción contraria, lo cierto es que los transportistas electoralmente ya no representan nada ni a nadie, se equivocan los diputados locales de la 4T en apoyarlos, cómo se equivocaron en apapacharlos en elecciones pasadas a la gubernatura.
RESPIRO
Y en medio de todo este caos que se vivió en el centro de Tlaxcala por el sitio de transportistas al Congreso del estado, el presidente de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso ganó tiempo en el caso de su juicio político.
De última hora fue bajado el dictamen que ya se tenía listo para darle prioridad al tema de la reforma en materia de plataformas.
Pero también, nos enteramos, que la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, la petista Irma Garay sacó cara por el alcalde priísta.
Al interior de la junta abogó por Sánchez Jasso y logró frenar el dictamen, aunque prometió que el jueves sí será enlistado en el orden del día, sin embargo, su postura fue interpretada como cómplice de quien es acusado de corrupción y cuyo dictamen concluye que lo mejor es separarlo del cargo.
¿Será que la 4T, al menos en la parte que le toca a doña Garay, ya sucumbió a los principios de “no robar y traicionar”?
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