Por Edgardo Cabrera
Ante la crisis financiera y de salud derivado del Covid-19, de nueva cuenta la administración de Marco Mena se le adelantó al gobierno federal al anunciar una serie de medidas para fortalecer al sector económico y preservar el empleo en la entidad.
Mientras a nivel federal las medidas no consideran ablandar la política fiscal para favorecer a los que generan el empleo en el país, aquí el pensamiento es claro: si no se ayuda a las empresas y a los empresarios se perderán fuentes laborales.
En Tlaxcala se determinó posponer tres meses los pagos del Impuesto Sobre Nómina para diferirlos entre julio y diciembre de 2020, así como eliminar, de abril a diciembre de 2020, el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, en respaldo del sector turístico de la entidad.
Los millonarios ingresos que se dejarán de recibir durante este periodo, estimó el gobierno, no impactarán en el corto y mediano plazo, dada las finanzas sanas que presenta la entidad, recordemos que es la única de todo el país que no tiene deuda pública.
También en los indicadores nacionales, el estado encabeza la generación de empleo y crecimiento económico, al menos en los últimos tres trimestres.
No solo eso, tras los cuestionamientos y dudas de algunos miembros de su gabinete por las medidas fiscales anunciadas, el mandatario dejó en claro que pese a la emergencia y la caída en la recaudación no se van a contratar créditos.
La medida fue aplaudida por la iniciativa privada, en particular por el líder del Centro Empresarial de Tlaxcala adherido a la Coparmex, José Noé Altamirano Islas.
Ahora, además de las congratulaciones, restará ver que los empresarios pongan de su parte y no despidan a personal, que lo mantengan para evitar agravar la crisis económica.
REUNIONES
Por cierto, para este lunes el gobernador Marco Mena sostendrá una nueva reunión con el Gabinete Económico para trazar medidas adicionales a las fiscales, en respaldo al sector productivo, así como posibles apoyos al sector productivo.
Posteriormente habrá una segunda reunión en materia de seguridad, para dar seguimiento a acciones de protección a la población y cadenas productivas, con motivo de la emergencia sanitaria.
A la serie de trabajos, se sumará un encuentro más con la clase trabajadora y sus representantes sindicales.
VERGÜENZA
Mientras en algunos sectores de la administración pública se implementan acciones para preservar el empleo, en otros como el INEGI, han mostrado insensibilidad y abuso de los trabajadores.
Desde la semana pasada el personal eventual encargado de levantar el Censo de Población 2020 inició una serie de manifestaciones luego de que les fuera cancelado su contrato sin concluir el lapso estipulado, amén de negarse a liquidar el resto del dinero que se les debe.
De lo anterior responsabilizan al director del instituto en Tlaxcala, Carlos Lozano, de quien no es la primera queja que se recibe, recordemos que en plena contingencia y con las medidas de aislamiento y sana distancia decretadas por el Covid-19, mantuvo al personal en la calle levantando el censo y exponiéndose al virus.
El contrato de los encuestadores vencía el próximo 17 de abril y únicamente quieren pagarles 840 pesos, equivalentes a tres días de labores, cuando su percepción debería rondar en los 4 mil pesos quincenales.
Claramente estamos ante un abuso, no perdamos de vista que el recurso para el pago de los empleados está debidamente presupuestado, por tanto argumentar que por la pandemia deben incumplir el contrato es un agandalle, máxime cuando lo que es espera en estos tiempos es solidaridad ante la clase trabajadora.
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