GARROTE POLÍTICO
5 De Julio - 2021
Por Edgardo Cabrera
Los diputados locales de nueva cuenta incurrieron en la ilegalidad al concretarse la entrega por adelantado de los informes anuales de resultados de la fiscalización de los 107 entes públicos, con lo que se anticipan amparos de aquellos que aleguen en su defensa que les acortaron los tiempos para solventar observaciones.
De la apresurada revisión del Órgano de Fiscalización Superior, se desprende que 27 de los 60 ayuntamientos reprobarán su cuenta pública 2020, de ese grupo, algunos traen consigna política, otros, de plano, es tanto su cochinero que no se los pueden limpiar.
La lista la encabezaría el municipio de Tlaxcala, de manera particular, el periodo enero al 11 de diciembre, fecha en la que la priísta Anabell Ávalos pidió licencia definitiva al cargo para competir por la gubernatura del estado.
De ese informe se desprenden observaciones que van desde inconsistencias financieras por varios millones de pesos, así como una lista de centenas de personas a las que supuestamente no se les acreditó laborar en el ayuntamiento pese a devengar un sueldo y cuyos nombres empiezan a trascender.
Apizaco estaría en el grupo de los 27 reprobados, las observaciones estarían en los rubros de “impuestos, cuotas y derechos retenidos no enterados”, “pago de bienes o servicios sin acreditar recepción y aplicación”, y “obras o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria”.
De manera general, entre ayuntamientos, poderes y organismos, en los informes se enlistan un total de 7 mil 681 observaciones y recomendaciones, de éstas 2 mil 654 son por probable daño patrimonial.
INCONGRUENCIA
La PRINCIPAL incongruencia de la actual legislatura, es que apenas en diciembre del año pasado pudieron terminar de dictaminar las cuentas públicas 2019, recordemos que por la pandemia del Covid-19, los diputados violentaron también los tiempos y retrasaron el proceso.
Ahora, contradictoriamente, la pandemia no impidió su labor, sino incluso se apresuran a realizar un proceso que de entrada viola la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios que establece que el OFS tiene como plazo entregar el Informe Anual de Resultados hasta el 15 de julio, ahora los urgieron para el día 1.
TOLERANCIA PARA LOS CUATES
Así como hay cero tolerancia para los enemigos políticos, los cuates podrán salvarse gracias a un tramposo porcentaje de aprobación que se inventaron los legisladores en sus “bases para la dictaminación de las cuentas públicas”.
Con ello buscan acomodar el sentido de los informes a su conveniencia e ignorar el sentido reprobatorio con el que vengan algunos, dicen que deben “reunir” al menos 70 de 100 puntos que ellos establecieron.
Entre sus criterios hay obviedades como “entregar la cuenta pública”, eso les da puntos, aún cuando dicho criterio no tendría que estar ni a consideración. Sino entregaron su comprobación, simple y sencillamente están reprobados, cumplir no es digno de aplauso, es su obligación.
Según el probable daño patrimonial obtendrán también una calificación: si es POCO lo malversado, MUCHO puntaje obtendrán, ¡hágame el favor!; lo mismo ocurre con los casos de omisión a procedimientos de adjudicación (obras, adquisiciones o servicios); nepotismo; cumplimiento de metas; y solventación.
En suma, sus BASES son toda una pantomima para desvirtuar o exacerbar lo obtenido en una revisión que se supone es técnica, mas no política, de la aplicación y ejecución de los recursos públicos.
CONVENIENTE RECOVECO LEGAL
Lo dicho, además de negociar la dictaminación de las cuentas públicas 2020, la urgencia de desahogarlas tiene su verdadero fondo en el palomeo de las correspondientes al 2021, amparados en un recoveco legal que existe en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado.
Basta revisar la fracción XVII, inciso (b) que establece que …en el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha LÍMITE para la dictaminación del periodo enero-septiembre de ese año será el 15 de diciembre…, es decir, podrán estar votando hasta el 30 de agosto la del poder legislativo y la de los “cuates” o aliados políticos, ante el silencio cómplice de quienes serán sus sucesores.
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