Sin Censura / Mandato perdido
Por Juan Luis Cruz Pérez -julio 8, 2021
El mandato de Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue un periodo perdido, porque no hubo defensa de las garantías individuales de los tlaxcaltecas. Esa oficina, que durante dicho mandato tuvo un presupuesto cercano a los 80 millones de pesos, solo sirvió para dar empleo a los cuates de quien debió fungir como defensor de los derechos humanos; de paso, ese erario, presuntamente, sirvió para pagar los excesos y refinados deseos del ex ombudsperson.
Ayer, del mandato perdido dieron cuenta especialistas y la propia presidenta del organismo, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, quien admitió que la CEDH se encuentra ante dos graves problemas: la inoperatividad del organismo y el desprestigio generado en el último periodo.
Confirmar, lo que era un secreto en voces altas, no fue complicado, pero tendría que llevar el sustento, mismo que dio el Despacho de Consultoría Legal y Capacitación en Derechos Fundamentales, que ayer presentó un informe de una evaluación sobre las condiciones que enfrenta este organismo autónomo, ahora bajo la tutela de Jakqueline Ordóñez.
Dicho ente especializado llegó a la conclusión, previa revisión, que la CEDH, durante el mandato de Del Prado Pineda, cayó prácticamente en la inacción; se convirtió en una agencia de colocaciones para personas sin perfil ni capacidad. Solo les valió la amistad y los acuerdos políticos y, presuntamente, financieros con quien cobró como ombudsperson.
La CEDH durante ese mandato incurrió en una inactividad procesal de hasta 24 meses en la atención de algunos casos; no hay una actividad conciliadora ni un registro de la misma.
“Hay rezago en la substanciación de quejas, pues hay expedientes del año 2016, 2017 y 2018; periodos de inactividad procesal injustificada, mayores a 30 días; no se propicia adecuadamente el proceso de conciliación ni el registro de asuntos resueltos por esta vía e inobservancia de los plazos procesales, para emitir una resolución que ponga fin al procedimiento de la queja”, refiere el informe.
El personal de Del Prado Pineda incurrió en la inobservancia de plazos y términos legales para atender y resolver las diversas denuncias, lo que derivó que muchas de las denuncias por violaciones a los derechos humanos fueran a parar a la congeladora o a los archivos de la ignominia.
“Hay deficiencias en las notificaciones personales, por estrados y por otros medios, y una falta de actividad de ese personal adscrito para solicitar pruebas periciales y seguimiento a las mismas, y encontramos insuficiencias para dar por concluido un asunto”, revela el reporte.
Además, dieron cuenta que todas esas omisiones, fallas y parálisis en la institución, en gran parte, obedeció a que fueron contratadas personas sin los perfiles ni conocimientos necesarios para desempeñar el cargo; en suma, se dilapidó a la institución por algunas componendas atribuibles a quien cobró como titular.
Por eso, 18 personas ya renunciaron; sabían que el cargo se lo debían a su ex patrón y protector.
Aunque la revisión a las condiciones de la CEDH no ha llegado al tema financiero, trasciende que hay dudas fundadas sobre el uso y destino de varios cientos de miles de pesos.
También hay diferencias entre los inventarios e incluso, material, equipo y algunos consumibles reportados por el ex presidente que, simple y llanamente, en la comisión, ni sabían de su existencia.
De no haber cambios, las denuncias en contra de Del Prado Pineda serán solo cosa de trámite, porque hay la información y las pruebas de omisiones, abusos, excesos y mucho daño a la institución.
No proceder en contra de esos excesos y omisiones, sería darle el tiro de gracia a la institución que vive entre el descrédito y la desconfianza y todo gracias al ex titular que llevó a la institución a vivir un mandato perdido.
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