La nueva crisis en el gobierno lorenista
29 abril, 2022 Por Martin Ruiz
Antes de especular y hacer acusaciones que indiquen que hay impunidad, irresponsabilidad, omisión y complicidad en la Procuraduría General de Justicia en el Estado luego que el caso que investiga sobre la desaparición de la joven oriunda de Huamantla Ana Laura N. tuviera un dramático vuelco al confirmarse que el principal sospechoso, Juan Carlos N., supuesta pareja sentimental de la mujer fue detenido y golpeado excesivamente por agentes hasta provocarle la muerte cerebral, será necesario esperar las consecuencias de esos actos y la información oficial que aclare qué fue lo que realmente sucedió.
Por lo pronto la postura e instrucción del gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros es aplicar la ley y no proteger a ningún funcionario de la PGJE que tenga responsabilidad en la deficiente investigación para localizar a Ana Laura N. y en la muerte cerebral del sospechoso.
Se habla que hay entre seis y ocho agentes de la PGJE en calidad de detenidos y que en las próximas horas se podría conocer el cese de varios funcionarios de primer nivel de la dependencia como el director de la Policía de Investigación, el dormilón Víctor Enrique Montiel Ramos, el fiscal del área de Secuestros y de Personas Desaparecidas, así como del agente del Ministerio Público encargado del expediente.
A la procuradora de Justicia de Tlaxcala, la sigilosa Ernestina Carro Roldán, no le ha temblado la mano para actuar y ante la sospecha de que en el caso de la joven ausente hubo conductas ilegales de agentes y personal de la PGJE para desviar las sospechas hacia Juan Carlos N., se fajó y ordenó que se actuara en consecuencia al haber fuertes indicios de que el probable responsable de la desaparición de la huamantleca era su ex pareja sentimental.
Sobre la actuación de los agentes de la PGJE que participaron en la detención e interrogatorio de Juan Carlos N. existen muchas dudas, porque se habla que el jefe de los policías de investigación, Víctor Enrique Montiel, estaba presente y avaló el exceso de la fuerza.
Incluso, existe el rumor de que uno de los agentes con mayor responsabilidad en la brutalidad policiaca de nombre Giovanni N. logró darse a la fuga antes de ser detenido para responder por su pésima actuación en el interrogatorio del detenido.
Los elementos de la procuraduría realmente querían obtener la información del paradero de Ana Laura N., y la declaración de culpabilidad del sospechoso o lo que pretendían era dañar e intimidar al detenido para que se abstuviera de declarar y revelar las supuestas cantidades de dinero entregadas para evitar ser encarcelado y responsabilizado de la desaparición de la joven de Huamantla.
Se dice que Juan Carlos N. siempre se mostró renuente a colaborar con la investigación y a atender los llamados de la PGJE.
La semana pasada había confianza en encontrar con vida a la joven mujer, sin embargo hoy existe una sospecha fundada de que ésta pudiera estar muerta, razón por la cual las autoridades están llevando a cabo intensa búsqueda en el municipio de Huamantla y otros lugares.
Hasta ahora la crisis generada por el caso de Ana Laura N. y la brutalidad de los agentes de la PGJE ha sido contenida por la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar, pero las circunstancias pudieran cambiar en las siguientes horas o días si no se logra resolver la desaparición de la joven y aclarar todas las dudas que existen en torno al exceso de la fuerza en que incurrieron los policías de investigación contra Juan Carlos N.
El gobierno lorenista ya demostró hace unos días que no tolerará abusos de nadie ni protegerá y muchos menos solapará los excesos, prueba de ello fue la acción penal que se ejerció contra un policía estatal que accionó su arma y provocó la muerte de un joven en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, casi en los límites con Contla.
En varias ocasiones se había mencionado que en la PGJE las cosas no estaban bien y que esa dependencia operaba con deficiencias y una enorme corrupción, lo cual al parecer hoy ha permeado porque hay diputados locales como la petista Lorena Ruiz García y el perredista Juan Manuel Cambrón Soria que no sólo se quejan del pésimo trabajo de esa área del gobierno estatal, sino que han empezado a exigir la salida de la procuradora de Justicia, Ernestina Carro Roldán.
Habrá que ver cuáles son las consecuencias del caso de Ana Laura N.
El gobierno de Lorena Cuéllar enfrenta otra crisis que sin lugar a dudas terminará por afectar la imagen de la actual administración.
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