HACENDADA ¿QUÉ HARÁ?
22 De Junio - 2022
Por Edgardo Cabrera
Mientras la restaurantera y ganadera que despacha en turismo anda más ocupada en agandallarse los banquetes de gobierno (en un claro acto de corrupción), Tlaxcala está a un paso de quedarse sin las corridas de toros, negocio del que viven aproximadamente 2 mil familias en la entidad, 25 matadores y 38 ganaderías, incluida la suya, ¡bueno!, ya no, desde que empezó a despacharse con el cucharón del erario.
A la funcionaria y su séquito de matraqueros les pasó de noche la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la semana pasada echó abajo el decreto que declaró a las “peleas de gallos” y a la “fiesta taurina” patrimonio cultural del estado de Nayarit.
También son ignorantes de que en mayo un juez federal prohibió de forma definitiva las corridas de toros en la Plaza México, actividad que parece no gustarle a la “ya no” primera dama, con ello se fue al caño la temporada cuyos carteles ya estaban listos desde abril.
El asunto viene en cascada, y tras el fallo de la Corte, no hay decreto que blinde la llamada fiesta brava. En Tlaxcala, al igual que Nayarit, tiene la denominación de “patrimonio cultural”, aunque para el caso nuestro somos la única entidad que con el erario mantiene un Instituto de Desarrollo Taurino creado, por cierto, por su aliado Alfonso Sánchez Anaya, cuando fue gobernador.
Se sabe que al menos una agrupación tlaxcalteca antitaurina ya acudió a la corte en busca de que prohíban las corridas de toros y festejos como la huamantlada, así que el plan de la feria de Tlaxcala y sus carteles, el palenque, así como otras tantas actividades de promoción con motivos taurinos podrían terminar en el cesto de la basura por la falta de visión de la funcionaria existencialista.
NO ME AYUDES COMADRE
El lunes el PRD se fue duro contra la gobernadora y el propio Congreso local al advertir que los diputados deben proceder en consecuencia ante la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra Lorena Cuéllar por violar la ley.
El diputado Juan Manuel Cambrón y el dirigente estatal, Julio César Pérez, no dudaron en hablar de juicio político e inhabilitación al cargo, al tiempo de acusar a la legisladora presidenta de la Comisión Permanente, Reina Báez de frenar el procedimiento e incluso de ocultar a la opinión pública la información.
Y cómo dudar de los perredistas, cuando horas después de su señalamiento la diputada se apresuró a salir en defensa, sin embargo, lo hizo pésimamente, de entrada, en su posicionamiento equivocó la resolución a la que hizo alusión el Sol Azteca, por tanto, todos los argumentos legales que le construyeron para repudiar sanciones a la gobernadora no sirven.
Si así pretende defender al Congreso de otros tantos asuntos legales y controversias, están en el hoyo.
Por cierto, la férrea defensa se entiende ya que su esposo, Luis Vargas, es funcionario del gobierno de Cuéllar. Fue premiado como representante delegacional del gobierno del estado en la Ciudad de México, de ese pelo el compromiso y la doble chaqueta. Recordemos que en la pasada elección fue dirigente de Fuerza Por México, cuya candidata a la gubernatura Viviana Barbosa contribuyó a los votos que le permitieron a su esposa ser diputada plurinominal.
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