En duda el combate a la corrupción
19 agosto, 2022
Por Martin Ruiz
Conforme pasan los días y los diputados locales avanzan en la aprobación y reprobación de una que otra cuenta pública, los ex funcionarios menistas se sienten más tranquilos porque cada vez comprueban que la gran mayoría no tendrá problemas ni enfrentará a las autoridades por acusaciones de presuntos desvíos o probables actos de corrupción.
Hace unas semanas, los principales funcionarios de la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez sostuvieron un cónclave para analizar su situación y su futuro en la víspera de la entrega de los informes sobre sus cuentas pública que elaboró el Órgano de Fiscalización Superior, ya que éstos pudieran llegar con observaciones de presuntos malos manejos que si bien se llevaron a cabo éstos fueron ordenados y avalados por el entonces gobernador priista que ahora ya se hacía el desentendido de ellos y de las operaciones financieras que él aprobó.
Los ahora ex funcionarios menistas incluso tomaron la decisión de llamar a su ex jefe Marco Mena a quien le reclamaron la falta de solidaridad y le dejaron claro que en caso de existir complicaciones se verían en la necesidad de involucrarlo en el proceso de solventación de observaciones.
Dicen que el ex gobernador no perdió la calma ni su clásica compostura de académico, por lo que les habría recomendó esperar y no llegar a conclusiones equivocadas porque el proceso de aprobación de las cuentas públicas aún no se llevaba a cabo y ni siquiera estaba definido qué ex funcionarios enfrentarían un dictamen negativo.
A la pasada administración le observaron más de mil millones de pesos correspondientes a los últimos ocho meses de ese periodo, es decir, de enero a agosto del 2021, por lo que se esperaba que algunas dependencias fueran señaladas con fuertes quebrantos como la Oficialía Mayor de Gobierno, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia en el Estado, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otras.
Sin embargo, el proceso de aprobación y reprobación de los dictámenes de las cuentas públicas que realiza la actual legislatura bajo el control de Morena y sus aliados el PT, el PVEM y Nueva Alianza, junto con la colaboración de los diputados del PRI, el PAN y el PRD no ha sido el esperado porque no se habla ni se escucha de la intención de castigar probables actos de corrupción.
Si bien durante el proceso de entrega recepción entre la administración de Marco Mena con el que ahora encabeza la gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros prevaleció la prudencia y la discreción, porque aunque se habló de anomalías y excesos que no se sabe si terminaron en una sanción administrativa o en una acusación penal, la realidad es que nunca se ha percibido una intención real de castigar esas probables conductas ligadas a la corrupción.
Tan es así, que incluso la actual secretaria de la Función Pública, la ex priista Eréndira Cova Brindis, prefiere hablar del desorden administrativo e irregularidades que ha detectado en las actuales dependencias del gobierno morenista como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud que en señalar las transas que hicieron sus ex compañeros de partido y amigos que trabajaron al lado del ex gobernador Marco Mena.
Hasta ayer en el Congreso del Estado se habían votado 110 dictámenes de cuentas públicas, es decir, el 50 por ciento de las que se tienen previstas analizar y avalar en el pleno del Poder Legislativo antes de que venza el presente mes.
Lo curioso es que en la segunda sesión extraordinaria, los diputados y las diputadas determinaron reprobar las cuentas públicas correspondientes al periodo de enero a agosto de 2021 de los municipios de Tlaxcala, Acuamanala, Apetatitlán, Calpulalpan, Españita y Amaxac, por diversas irregularidades administrativas y financieras en el ejercicio del gasto público.
Si en esos ayuntamientos que manejan presupuestos limitados se detectaron importantes anomalías relacionados con el gasto público, usted no cree que en las dependencias estatales en manos de priistas se registró el mismo problema y que éste debió ser documentado y sancionado.
En fin, habrá que esperar que finalice el proceso de aprobación y reprobación de cuentas públicas para hacer un balance que permita conocer cuántos dictámenes no fueron avalados por contener anomalías financieras y de éstos cuántos corresponden a ex funcionarios del gobierno del priista Marco Mena para estar en condiciones de señalar si hubo o no un arreglo para no perseguir ni aplicar la ley a los ex servidores públicos que trabajaron en la pasada administración.
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