Por Edgardo Cabrera
El tema de la fiscalización dejó hasta el momento claroscuros por parte del Congreso local y de la mayoría que lo controla.
Los de la cuarta transformación mostraron una actitud congruente en la reprobación de algunas cuentas públicas donde los informes del Órgano de Fiscalización Superior venían en sentido negativo.
Es el caso de Calpulalpan e Ixtenco, por ejemplo, donde existió la tentación por salvarlos derivado de la protección que los alcaldes siempre han tenido por parte de su dirigente partidista y coordinador parlamentario del PES en el Congreso local, José Luis Garrido.
En Calpulalpan, Neptali Gutiérrez tuvo observaciones de probable daño patrimonial por 10.2 millones de pesos, hablamos de 8.63 por ciento del total del presupuesto ejercido.
En Ixtenco, Caballero Yonca y quien fue edil interino en 2018 –cuando el primero fue suspendido del cargo por el Congreso- presentaron un daño a la hacienda pública por 5.9 millones de pesos, es decir, 18.17 por ciento de los 31.9 millones de pesos del presupuesto asignado ese año
Apetatitlán, donde mal gobierna Eloy Reyes, se voló la barda, sus observaciones fueron por el 19.2 por ciento del total del presupuesto, hablamos de 11.5 millones de pesos los que no pudo comprobar. En ese lugar trascendió que su paisana y presidenta de la comisión de finanzas, María del Rayo Netzahuatl, lo trataba de proteger.
A la lista de la docena de reprobados (Españita, Tequexquitla, Huactzinco, Quilehtla, Contla, Tzompantepec, y Zitlaltepec) también se agregan algunas dependencias estatales como el Itife y el Idet, lugares en los que deberá pensarse seriamente si permanecen en el cargo sus titulares o son removidos ante su pésimo manejo financiero, amén de las sanciones administrativas y penales que se deriven por el daño al erario detectado.
Sin embargo, como suele ocurrir, resultó intocable para los legisladores el TSJE, a pesar de que meses atrás, durante el golpe de estado para derrocar a Héctor Maldonado Bonilla, los propios magistrados y miembros de la Judicatura estatal acusaron graves anomalías financieras.
Tampoco le entraron a fondo ni transparentaron el manejo de recursos en el OFS, y en el propio Legislativo, aunque una de sus promesas había sido que esas dos cuentas serían las primeras en subirse al Pleno para poner el “ejemplo”.
Es claro que mientras no se modernice el sistema de fiscalización de Tlaxcala, el sospechosísmo y la impunidad seguirán presentes. El actual modelo beneficia tanto a los aprobados como a los reprobados, y para muestra, veremos a la postre en qué quedan los procedimientos sancionatorios y resarcitorios.
PARA VARIAR
En eso de las cuentas públicas, resultó que una docena siguen congeladas en tanto se “ponen de acuerdo”, y se van de vacaciones los legisladores.
Se tratan de casos emblemáticos ya que por medio de éstos quieren cobrar revanchas políticas, como Texoloc, donde el bloque mayoritario le quiere cobrar al perredista Miguel Ángel Covarrubias facturas derivadas de las pugnas internas donde dicho legislador se cargó del lado del morenista Víctor Báez, a quien la mayoría desconoció como presidente de la JCCP.
Recordemos que la cuenta pública de dicho municipio, donde gobierna la mamá del diputado Covarrubias, fue bajada de última hora de la sesión extraordinaria en la que sería aprobada, argumentado supuestas dudas al informe positivo del OFS.
En el mismo caso se encuentra el IAIP, organismo que también padeció de los berrinches de los legisladores ya que a la mayoría no le gustó que dictamen viniera en sentido favorable derivado del informe del OFS, y es que recordemos que la mayoría que gobierna el Congreso acordó remover a los tres comisionados y, por tanto, para justificar su decisión también quieren tronarlos en su cuenta.
Ya veremos si la próxima semana, cuando vence el plazo para dictaminarlas prevalecen los intereses facciosos, sobre los de la legalidad, y así, sea cual sea su decisión, sellarán su primer año de fiscalización donde se volvieron a repetir las mismas prácticas de antes.
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