Sin Censura
Empleados en vilo
Por Juan Luis Cruz Pérez -noviembre 15, 2021
El gobierno del estado ha puesto en predicamento los derechos humanos y laborales de sus funcionarios y empleados, al obligarlos a firmar, por adelantado, la renuncia a sus empleos, con el argumento de evitar posibles demandas laborales. La acción además de ilegal, es inconstitucional.
De esta irregularidad están confesos en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues funcionarios estatales lo han confirmado en diversas entrevistas y esas acciones van en contra de secretarios de Estado, directores, jefes de unidad y de todos aquellos servidores públicos contratados en esta administración, pues dicha renuncia “forma parte de su expediente laboral”.
Por entendibles que sean los argumentos para actuar de esta manera, como no heredar conflictos laborales al término de esta administración estatal, ese proceder tiene implicaciones legales y sociales en una administración que se dice encabezar una nueva historia en Tlaxcala, la cual, aseguran, está anclada en la llamada era del no robar, no mentir y no traicionar.
De entrada, debe entenderse que la renuncia laboral es un acto unilateral del trabajador y que, como condición de validez, debe expresarse con absoluta libertad y consciencia de lo que ello implica. Sin embargo, cuando ésta no es producto de la libertad del trabajador, en realidad se convierte en un auténtico crimen contra su dignidad, porque atenta contra libertades esenciales de todo ser humano, que es su libre albedrío, base de su autonomía personal y de su libertad de pensamiento y autodeterminación.
La exigencia a los nuevos funcionarios, de los diversos niveles de gobierno, son en sí renuncias coaccionadas, en las que se aprovechan de la necesidad del empleo o aspiración política para condicionar su ingreso y, de esta manera, se convierte en burda ardid para darle vuelta a la ley, a fin de evitar cumplir con las prestaciones a las que tendría derecho el trabajador al finalizar su relación contractual.
No obstante, exigir la renuncia adelantada como requisito de contratación, ha exhibido a quien los dispuso no solo como violador de los derechos laborales y humanos, sino como ignorante, porque de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.
De ahí que el gobierno estatal, al término de cualquier relación de trabajo, debe pagar lo que a cada empleado le corresponde.
Al final, esta disposición será declarada inválida por cualquier autoridad laboral, en caso de que se refute y solo se convertirá en una mácula en un gobierno que se asumió distinto a los anteriores, en el que no robar, no mentir y no traicionar son sus apotemas.
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