Julio Caporal Flores, “mano larga y mala copa” no le tiene miedo a Lorena Cuéllar
Por Roberto Nava
Pagar derecho de piso, sufrir acoso sexual y hasta bailarle al Jefe, a cambio de poder laborar en la SESAET.
A mujeres que busquen laborar en la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SESAET) deben pagar derecho de piso, sufrir acoso sexual y laboral y hasta tener que bailarle al Jefe, a cambio de poder laborar en ese organismo autónomo en donde el titular de esa institución pública Julio Caporal Flores se llena la boca de asegurar que ni la misma Gobernadora Lorena Cuéllar pude tener injerencia ya que no tiene facultades.
Esa institución que se supone debería combatir los actos de corrupción en municipios, y en la administración pública en general, en los hechos no opera ya que solo ha servido para recibir el desecho de otras dependencias y de ser parte del pago de facturas políticas entre partidos.
De acuerdo a la información que ex empleados de ese organismo hicieron llegar a este comunicador y que por obvias razones pidieron no fuera revelada su identidad para no afectar los procesos legales en puerta, los excesos que privan en el mismo son graves ya que el clima de hostilidad y acoso laboral ninguna entidad o nivel de gobierno puede frenar o erradicar, porque “son autónomos”.
Entre algunas de las irregularidades, revelaron que para poder laborar en la SESAET el cual inició actividades hace casi cuatro años, tuvieron que pagar desde 5 hasta 15 mil pesos dependiendo del puesto al que lleguen y de la persona o actor político que los recomiende, en donde igual son del PRI, PAN y PRD principalmente.
Una muestra del reparto político, es la conformación de las principales jefaturas, por lo que en el caso de la Jefatura del Jurídico, la ostenta Arturo Flores López hermano del alcalde de Tlaxco Armando Flores López y se presume que es un pago de facturas a favor del Partido de la Revolución Democrática.
Incluso, el hermano del edil perredista se siente seguro de ser el nuevo miembro del Comité de Participación Ciudadana que el Congreso tuvo que nombrar el pasado 15 de agosto, a pesar de haber incumplido con los requisitos que enmarcó la convocatoria.
Pese a lo anterior, el hermano de Armando Flores López presume entre sus cercanos que ya cabildeo con los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia del Congreso local a quienes puso en su lugar, para que sea el ungido.
En el caso de la Jefatura de administración y finanzas recayó la designación en Giovanna Dí Aguilar Meza, quien está ligada al grupo del ex Gobernador Mariano González Zarur y cuando se desempeñó como Directora Administrativa de la SESA fue acusada de conformar dentro de la estructura orgánica, una red para maquillar, alterar, sobornar y controlar muchas de muchas de las funciones que se realizan dentro de la institución.
La malévola funcionaria se mantuvo en el sexenio del ex Gobernador Marco Mena y existen señalamientos discriminatorios en los que incurrió la hoy responsable de las finanzas en la SESAET, ya que cuando laboró en el extinto Seguro Popular, maltrataba a los trabajadores, a quienes no bajaba de; “idiotas, ineptos, estúpidos, holgazanes y flojos”.
Para el caso de otra de las Jefaturas, la de Comunicación y vinculación social, la ocupa el ex Diputado Federal, ex Diputado local y ex Dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Benjamín Ávila Márquez, quien adolece de la experiencia en el cargo y el espacio le habría sido asignado como parte de las presuntas componendas políticas.
Finalmente, en la Jefatura de Riesgos y Política Pública, fue designada la ex asistente personal de Marlene Alonso Meneses, ex Presidenta del IAIPTLAX, Atenas Hernández Sánchez quien junto con la ex Comisionada fueron señaladas de incurrir en diversos actos de corrupción.
De acuerdo a información que en el pasado mes de noviembre del 2021 fuera enviada a diversos medios de comunicación justo, detalló que Atenas Hernández quien aspiraba a ser Comisionada del IAPTLAX le recordaron que mantiene una demanda penal en contra del Comisionado y ex Presidente del IAIPTLAX Didier Fabián López Sánchez, por lo que su llegada a dicha institución más que abonar al trabajo conjunto, estaría plagado de división y encono dentro del mismo, además de que no se ajustó a los requisitos que marcaba la convocatoria.
En la información que manejaron diversos medios, entre ellos el de Alternativatlx, dio cuenta que; “Atenas Hernández Sánchez sostiene una relación sentimental con el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, Julio Caporal Flores lo que le ha beneficiado personal y políticamente pues a menos de un año de su llegada como Secretaria Particular de Caporal Flores, ha pasado a ser Jefa de Departamento, duplicando su nómina personal de 10 mil a casi 25 mil pesos mensuales, dando un salto importante dentro de la dependencia sin hacer mérito alguno más que el de ceder a los deseos sentimentales de Caporal Flores”.
Aunado a lo anterior, Atenas Hernández quien se jacta de ser luchadora feminista, fue señalada de ser la principal protagonista de generar un clima de hostilidad ya que por su mediación han sido despedidas seis mujeres en menos de un mes y además, ha guardado silencio en las agresiones sexuales que han sufrido sus compañeras.
Incluso, algunas de ellas que fueron obligadas a bailar con el jefe Julio Caporal Flores cuando está en estado de ebriedad, fueron despedidas por no ceder a ese y otro tipo de propuestas como el de acoso sexual por el recomendado del ex Secretario de Gobierno y actual Notario Público José Aarón Pérez Carro.
Por lo anterior, l@s ex emplead@s pidieron a las autoridades correspondientes realizar una investigación profunda y sancionar a l@s mal@s funcionari@s ya que tienen que sufrir todo tipo de vejaciones a cambio de mantener el trabajo.
Agregaron que a la fecha no ha habido ninguna sanción o al menos una llamada de atención en contra de Julio Caporal Flores ya que se siente protegido además de que carece de probidad para desempeñar el cargo, ya que fue despedido de la PGJE cuando laboraba en esa dependencia pública, por incurrir en presuntos actos de corrupción que a la fecha no han sido esclarecidos.
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