¿Cuándo se castigará a los exalcaldes?
5 septiembre, 2022
Por Martin Ruiz
Las siguientes semanas y meses serán claves para conocer si la estructura estatal creada para investigar y castigar la corrupción funcionará o seguirá siendo un andamiaje endeble que no sirve, ya sea porque no existe voluntad o porque no hay firmeza para desaparecer las redes de servidores públicos que operan para desviar millones de pesos del erario y que recurren al tráfico de influencias o a empresas factureras para lograr sus propósitos.
De acuerdo con los informes y expedientes que se han trabajado, en la actualidad se sabe de la red de tesoreros y otros funcionarios incrustados en los ayuntamientos que insisten en contratar a empresas que suelen ofrecer servicios o vender productos que en realidad no se hacen o que no se surten, mismas que están identificadas y que llegado el momento también serán señaladas ante las autoridades del Servicio de Administración Tributaria para que las audite y se les finque responsabilidades.
Habrá que decir que la operación de esas empresas es un poco sofisticada, pero al final los empresarios y contadores que las manejan suelen confiarse y cometer errores que dejan pistas de sus transacciones irregulares.
También hay grupos que suelen operar de manera rupestre pensando que por tener a un legislador o una legisladora local aliada pueden evadir su responsabilidad.
Un buen ejemplo es el caso del ayuntamiento de Tzompantepec, donde el exalcalde Arturo Rivera Mora habría desviado más de 40 millones de pesos durante su gestión sin que a la fecha enfrente la ley por sus presuntos abusos y excesos.
Los últimos ocho meses de su administración los compartió con la presidente municipal interina, Diana Montiel Moreno, quien creó otra red para terminar de saquear a ese ayuntamiento y en la que estarían involucrados su papá Jorge Montiel Márquez, quien se desempeña como secretario técnico de la diputada local del PEST, Mónica Sánchez Angulo, quien sencillamente no pudo lograr que la cuenta pública de su protegida fuera aprobada hace unos días.
Se habla de varios millones de pesos detectados como presunto daño patrimonial a ese ayuntamiento, mismos que deberán aclarar su destino tanto Arturo Rivera como Diana Montiel.
Mientras estuvieron en funciones fueron solapados por el exdiputado borrachales José Luis Garrido Cruz, quien al dejar su cargo y enterarse que su incondicional Mónica Sánchez asumiría una posición en el Congreso del Estado se habría comprometido a limpiar las cuentas del ayuntamiento de Tzompantepec, lo cual no sucedió y hoy estarían a un paso de enfrentar la ley si el caso llega a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la PGJE.
La lista de exalcaldes acusados de cometer desvíos millonarios es larga y los ciudadanos sólo esperan que los actuales diputados y las demás autoridades involucradas en el combate a la corrupción hagan su trabajo para que esas conductas por fin sean castigadas.
Un gran pendiente que tienen las actuales autoridades es el castigo de la corrupción. Ya pasó un año y hasta ahora no se ve ningún avance o resultado en esa materia.
Por cierto, los empresarios tlaxcaltecas dueños de constructoras aún no definen cómo llevarán a cabo su protesta ante la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, pues según ellos están siendo relegados por la Secretaría de Infraestructura que controla Alfonso Sánchez García, quien estaría dando preferencia a compañías foráneas para ejecutar los proyectos.
No se sabe si recurrirán a un desplegado o una conferencia de prensa, pero lo que es un hecho es que los empresarios del ramo suelen quejarse y aseguran que tienen la información oficial que demostraría que hay favoritismo por empresas poblanas y de otros estados del país.
En este año se tenía previsto canalizar más de 2 mil millones de pesos en obras públicas. Hasta ahora se desconoce el monto que ha sido licitado o ejercido, sin embargo, tarde o temprano aparecerá la información y se comprobará si los constructores tlaxcaltecas tienen o no razón en estar molestos.
Por lo pronto le dejo una denuncia que está siendo compartida en las redes sociales:
“Los constructores de Tlaxcala ya estamos hartos de que no tengamos obra en el estado y la poca que nos otorgan NOS LA DAN CON CONDICIONES, TAL COMO LO ESTÁ HACIENDO EL LIC. WILBER HERNÁNDEZ TECPA JEFE DE JURÍDICO DEL ITIFE, el cual me obligó a comprar las FIANZAS DE OBRA CON HÉCTOR TEMOLTZIN CERVANTES (AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS) EL CUAL DA PROMESAS DE DAR FIANZAS MÁS BARATAS Y hacer estados financieros APÓCRIFOS a sus clientes con tal de que ÉL los atienda, lo cual está generando un delito por hacer documentos legales falsos. Y si no aceptamos esto, EL JEFE DE JURÍDICO NOS AMENAZA CON LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO. Ya basta de tanta corrupción estamos en la 4T no se supone que ya no debe pasar esto, además de que están utilizando toda mi papelería con fines lucrativos y violando EL AVISO DE PRIVACIDAD.
# ALTO A LA CORRUPCIÓN DEL ITIFE”.
El actual titular del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, Miguel Piedras Díaz, debería dar una explicación. O no.
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