Gobierno de Lorena Cuéllar expide licencias de conducir a delincuentes
por Roberto Nava
Desde la SMyT se privilegian a concesionarios de transporte público, quienes son arropados por directivos del Gobierno del Estado a cambio de un presunto moche.
A unos meses de que se reportó la desaparición de placas y permisos en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), la administración estatal de Lorena Cuéllar se ve envuelta en un nuevo escándalo de corrupción, abuso de autoridad, y tráfico de influencias que la directora de Transporte Mónica Yazmín Campos Gutiérrez protagoniza al grado que tuvo que despedir a una empleada para poder hacer libremente aparente negocio con la expedición de licencias.
En un documento que Sandra Guadalupe Tamayo Flores quien se desempeñaba como jefa del Departamento de licencias e infracciones de la dependencia estatal, envió a Juan Pelcastre titular de la SMYT, detalló la forma en como fue separada de su cargo sin aparente causa justificada por tapar las tropelías de su jefa.
La denunciante puntualizo en su escrito que, el pasado 20 de octubre mientras realizaba algunas funciones propias del área; “…recibí una llamada en la cual me informaron que la directora de Transportes Mónica Yazmín Campos Gutiérrez se encontraba tomando expedientes y llevándoselos”.
Minutos después, agregó que fue llamada al despacho del secretario y en el mismo se encontraba además la funcionaria que sustrajo expedientes de un área que no está a su cargo y ante el jurídico de la SMyT y el jefe de Departamento de Sistemas, Juan Pelcastre le informó a Guadalupe Tamayo que había sido suspendida del cargo que tenía.
En el escrito, la denunciante puntualizó que no fue notificada por escrito ni por otro medio, cuáles fueron las razones que provocaron el cese del cargo; “lo que se presupone como abuso de autoridad y violación al debido proceso”.
La ex empleada del Gobierno del cambio que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros sostuvo que su jefa inmediata tenía preferencia para algunos concesionarios, a quienes les aprobaba sus trámites a pesar de que los expedientes estaban incompletos.
“Cometía abuso de autoridad al darme indicaciones para pasar expedientes…solamente me llamaba a su oficina para decirme que expedientes se deberían pasar…acto que realizaba frente a concesionarios y usuarios…”
Evidenció, además, que, por órdenes de la directora de Transporte de la SMyT, se autoriza la expedición de licencias a delincuentes que operan unidades de servicio público a pesar de que había actas en las que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) certifica que algunos de los choferes en activo cuentan con antecedentes penales.
“También hago mención que aparte de la indicación que me daba para pasar expedientes incompletos, también autorizaba y pasaba expedientes a personas que contaban con antecedentes penales…ella hacía caso omiso y daba indicaciones para que se les expidieran sus licencias de servicio público”.
Agrego en el documento que, existe preocupación en su persona ya que su despido no concluyó de manera formal al no existir un acta de entrega recepción, por lo que teme que esa información pueda ser manipulable ya que Mónica Yazmín Campos sustrajo varios expedientes con la inminente finalidad de esconder los actos de corrupción que realiza.
“Los expedientes son susceptibles de alteraciones de todo tipo y más si existe un interés de por medio, además son susceptibles de fácil manipulación, al quitarles o alterar los documentos…”
Cabe recordar que no es el primer caso de evidente corrupción que priva en la SMyT luego de que hace meses desaparecieron placas y permisos para circular que al día de hoy no ha sido esclarecido, lo cual le costó el cargo a la extitular Luz María Vázquez Ávila junto con la ex encargada de la Dirección de Transporte Wendoline Guzmán.
Habrá que sumar el reciente despido del exdirector Administrativo de la SMyT Francisco Barranco Zempoalteca, quien fue cesado del Gobierno de la nueva historia por presiones de la directora de Transporte Mónica Jiménez Gutiérrez quien fue evidenciada de entregar licencias sin cumplir con los requisitos que marca la Ley.
Por lo anterior, pidió la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que haga una minuciosa investigación, además de la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) toda vez que fueron violados sus derechos humanos y laborales por la dependencia estatal.
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