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miércoles, 11 de septiembre de 2019

Los quebrantos financieros del Estado de Tlaxcala de los propios servidores






Por Edgardo Cabrera
Reveladores resultan los informes de resultados de la revisión y fiscalización superior elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior en el año 2018.
En el caso de la CEDH, cuya cuenta pública fue reprobada al detectarle un quebranto por 3.1 millones de pesos, ahora se sabe que su titular, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, gusta del despilfarro a costillas del erario.
Entre lo detectado se encuentra un viaje a Orlando, Florida, en Estados Unidos, a donde, según él, acudió al consulado mexicano. No obstante una cosa es lo que dijo y otra lo que hizo, de ahí que el OFS le obligó a reintegrar más de 11 mil pesos ya que no fue sólo, sino acompañado por alguien que no es empleado de la CEDH, vaya usted a saber quién, si fue hombre o mujer, compadre o comadre, solamente él lo sabe.
Pero no fue el único viaje a costillas del Pueblo, también le detectaron el desvío de más de 12 mil pesos para pasajes aéreos (pagados a personal que no es servidor público del organismo); y 23 mil 734.37 pesos por viáticos al extranjero, aunados a otros 81 mil pesos también destinados a vuelos y viáticos no justificados.
En el cochinero de Cid también se agregan la adquisición de una camioneta de lujo para su uso exclusivo (algo que también le fue observado), y hasta el desvío de recursos públicos para comprarse unos lentes Ray-Ban y lucir bien galán. 
Donde de plano se voló la barda fue al desviar casi 2 millones de pesos del presupuesto para pagar sueldo a 7 servidores públicos que también cobran en otra nómina gubernamental (aviadores), de ahí que el señor ombudsman está metido en un grave aprieto por solapar dicha conducta.
SANTA ISABEL
Si bien hay otros casos donde las cuentas públicas fueron aprobadas, no están exentos de excesos o abusos como en el caso del Tribunal Electoral de Tlaxcala.
De acuerdo con el informe de resultados correspondientes al 2018, el ente que encabeza Luis Manuel Muñoz Cuahutle no tuvo empacho en desviar más de 50 mil pesos de su presupuesto para celebrarse el día del abogado.
También se revela la realización de una “reunión ejecutiva” entre magistrados y sus secretarios, para lo cual requirieron de casi 5 mil pesos en bebidas alcohólicas, así como el pago de un mariachi por más de 8 mil pesos.
Y la crítica y observación del OFS no se deriva porque estén en contra de las convivencias y del ánimo festivo con el que juzgan, sino que desvían recursos públicos y no lo solventan con su sueldo, máxime cuando en 2018 se incrementaron sus percepciones por 12.8 por ciento, algo que también se agregó al total de sus observaciones que sumaron 1.1 millones de pesos.
Pero dado que el porcentaje de lo observado no supera el 7 por ciento, el informe de Santa Isabel fue en sentido aprobatorio.
HABLADOR    
Otro caso que merece no sólo una revisión, sino la rigurosa explicación de los legisladores es el de Yauhquemehcan ya que el informe de resultado del OFS se encontraba en sentido reprobatorio al detectarle un quebranto al erario por 10.9 millones de pesos que significan 7.3 por ciento del total del presupuesto asignado en ese año.
Pese a la promesa de no modificar el sentido, de última hora los legisladores le perdonaron el 0.3 por ciento, y al hacer de forma irregular el ajuste le palomearon el ejercicio fiscal.
Y aunque el alcalde panista Francisco Villareal Chairez trató de engañar, con la complicidad de su cabildo, al asegurar que su cuenta “siempre” estuvo aprobada, la realidad es que algo turbio ocurrió para ser perdonado.
Al revisar el informe se detectan graves desfalcos en materia de obras públicas pagadas pero no ejecutadas, nepotismo, comprobantes fiscales apócrifos o irregulares, gastos pagados sin comprobación, pagos improcedentes, préstamos personales; pagos a proveedores, prestadores de servicios y contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio; así como ingresos recaudados pero no depositados, lo que en su totalidad suman los 10.9 millones de pesos observados.
Evidentemente en este caso el informe de resultados y el dictamen aprobado en el Pleno muestran una realidad distinta y, por tanto, demuestra que para los legisladores pesaron más algunos arreglos por debajo del agua para dejar en la impunidad al edil.

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