CEPC exigió moche, no le dieron y ahora deberá pagar dos millones de pesos
por Roberto Nava
El Gobierno de la nueva historia que encabeza Lorena Cuéllar, deberá pagar dos millones de pesos por negligencia de Protección Civil
El Gobierno del Estado deberá pagar dos millones de pesos a la empresa The Red Burguer Factory S.A. de C.V. con el cual cubrirá el pago de responsabilidad civil y los daños que, provocó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) tras haber clausurado el inmueble de manera ilegal desde hace poco más de un mes.
De acuerdo al escrito que la Dirección Jurídica del Gobierno de la nueva historia envió al apoderado legal de la empresa que expende comida rápida, precisó que la petición de previsión presupuestal ya fue enviada a la Secretaría de Finanzas para su atención y a la CEPC, para que, el titular asuma su responsabilidad.
“…Incluya en la iniciativa del PRESUPUESTO DE EGRESOS para el ejercicio 2023…la deuda para pago por responsabilidad civil a cargo del Gobierno del Estado, específicamente a la COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL, hasta por la cantidad de dos millones de pesos”
El director jurídico Marco Tulio Munive Temoltzin, informó, además, que, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Patrimonial, el documento referido al que dio vista al Congreso del Estado, también le fue turnado a la CEPC para que asuma su responsabilidad por el cierre del inmueble.
La referida acción sería, porque la CEPC cerró sin aparente justificación el inmueble donde se expende comida rápida ubicado a unos metros de la Casa de Gobierno, acción que provocó daños y perjuicios en contra de la empresa.
Cabe recordar que el pasado 6 de octubre, decenas de empleados de esa empresa se manifestaron para exigir a las autoridades estatales ser justas en sus acciones ya que el cierre de la empresa puso en riesgo casi medio centenar de empleos y por ende el sustento de sus familias.
Los manifestantes recordaron que, personal de Protección Civil del Estado se excedió en sus funciones, toda vez que no hubo verificación previa, ni mucho menos notificación sobre el supuesto problema detectado y poderlo corregir a la brevedad ya que de manera arbitraria cerraron el negocio en donde los principales clientes son infantes.
Incluso, hay versiones periodísticas que apuntan que el cierre de esa negociación fue porque el propietario no quiso dar moche de 30 mil pesos a la CEPC, por lo cual le fue cerrado el mismo.
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