PROTECCIÓN
Por Edgardo Cabrera
Siguen corriendo las semanas y las solicitudes de comparecencias de funcionarios públicos permanecen en la congeladora legislativa, aun cuando la de la procuradora General de Justicia del Estado es urgente ante los pésimos resultados y dudas de su labor.
Y no solo es el tema de la impunidad y la protección a la delincuencia desde el gobierno, sino la tortura y asesinato de detenidos, además la sospecha de la mala utilización de los recursos públicos y el uso de la dependencia para filtrar expedientes y golpear a los enemigos de la Triste Historia, de ello ya hay pruebas del uso mezquino y político de la instancia.
Resulta que a inicio de la semana la excandidata a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, Eréndira Jiménez, acompañada de la diputada federal Jessica Ortega, dieron a conocer que desde septiembre llevaron a la Cámara baja del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exigir al gobierno lorenista transparencia sobre la aplicación de 6 millones de pesos subsidiados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Resulta que ese recurso fue la gota que derramó el vaso y propició el despido de Yeny Charrez del Centro de Justicia para Mujeres luego de develar que la procuraduría de Ernestina retuvo el dinero y no lo aplicó de inmediato en los fines para los que fue etiquetado.
Es más, es la fecha que la PGJE no ha transparentado la aplicación de los fondos, a pesar de que se trata de información pública.
Pero ahí no acaba el asunto, hay más, y la mandataria lo sabe, el costo de las obras de infraestructura que se realizan en el Centro de Justicia para Mujeres fue inflada, y eso no es todo, ignoraron las observaciones y recomendaciones en el sentido de construir un espacio que garantice la armonía y accesibilidad a las víctimas, por el contrario, colocaron muro tras muro, barreras con las que las féminas llegaran a una especia de cajas de banco a solicitar apoyo.
El asunto no es menor, y confirma lo que en su momento denunció Yeny Charrez, la corrupción imperante y el inexplicable encubrimiento.
A COLACIÓN
Aunque intentaron ignorarlo, el trato con tratantes para liberar a dos menores hijos de una víctima no es caso cerrado, ya que la actual encargada del Centro de Justicia es investigada como cómplice de un delito.
Y es que aun cuando lo “vendieron” desde el área de prensa del gobierno como un logro, ese comunicado es una prueba más de que el estado no aplicó la ley ante graves delitos denunciados: privación ilegal de la libertad de dos menores, violencia física y trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de Estrella -N- y sus dos hijos.
En su momento la activista Rosi Orozco y la mamá de Estrella coincidieron en señalar que la directora del Centro de Justifica para Mujeres, Gabriela Hernández, “se sentó a negociar” por lo que el caso ya se encuentra tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en instancias internacionales por la gravedad del asunto.
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