Dudas, dudas y más dudas
16 diciembre, 2022
Por Martin Ruiz
Ahora que el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que un ex comandante de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otro ex policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que fueron detenidos el viernes pasado en la comunidad de Acuitlapilco y el municipio de Totolac, respectivamente, pertenecían al Cártel de Sinaloa, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Sergio González Hernández, seguirá con su trillada frase de que en la entidad no opera el crimen organizado.
El ex panista siempre se mostraba seguro y hasta burlón para desacreditar los señalamientos que hacían en los medios de comunicación sobre la presencia de criminales dedicados a delitos de alto impacto, pues nunca aceptó su presencia y menos su permanente operación en el estado.
Para él ciertos hechos delictivos como un levantón o la presencia de comandos armados asaltando casas de empresarios y políticos siempre se trataba de hechos atípicos que no generaban ninguna preocupación mayor.
Sin embargo, ayer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el subsecretario de Seguridad del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, confirmó que los ex policías tlaxcaltecas, Luis N. y Luis Octavio N., estaban identificados como presuntos secuestradores, homicidas, extorsionadores, narcomenudistas y generadores de violencia.
De acuerdo con la intervención de ese funcionario federal, en un operativo en el que participaron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Coordinación Nacional Antisecuestros Operaciones Especiales (CONASE) y de la Secretaría de Marina Armada de México se logró la detención de Luis N., alías –Don Grifo-, del Cártel de Sinaloa y también de Luis Octavio N., alías -El Mompin-, a quienes se les acusa de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y desaparición forzada.
Dudo que sean los únicos ex policías con probables nexos al Cártel de Sinaloa y que ésta sea la única organización con presencia en Tlaxcala, ya que hay indicios que otras bandas criminales ya están operando en la entidad como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El ex comandante de la PGJE laboró hasta enero de este año en esa dependencia, pero para nadie es desconocido que siempre controló la Policía de Investigación bajo el cobijo y protección de los últimos ex procuradores de Justicia de Tlaxcala.
Hasta dónde penetró el Cártel de Sinaloa a la PGJE. Hay una investigación para determinar cuántos policías de Investigación están o estuvieron involucrados con Luis N., alías -Don Grifo-, cuántos agentes del Ministerio Público fungieron como aliados de ese comandante, cuántos policías estatales y municipales forman parte de esa probable red criminal y que se ha hecho hasta ahora para evitar que el crimen organizado siga avanzando en Tlaxcala.
Una vez más Sergio González quedó en ridículo y como un funcionario desinformado, reactivo, poco asertivo y sin relaciones y contactos con funcionarios claves del gobierno federal, pues seguramente se enteró ayer, como muchos tlaxcaltecas, que un ex comandante de la PGJE que laboró por cuatro meses en la actual administración formaba parte del Cártel de Sinaloa según el gobierno de López Obrador.
Sobre el caso de los dos ex policías tlaxcaltecas vinculados a un cártel existen muchas dudas y preguntas.
Pero las dudas no sólo existen en torno al anterior tema, sino que también tienen que ver con la extraña e inexplicable designación de priistas como magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como si Morena o la izquierda tlaxcalteca no tuviera cuadros y abogados con capacidad para ocupar esos cargos.
El Congreso del Estado bajo el control de Morena y sus aliados (PVEM, PT y Nueva Alianza) decidió ratificar a Miguel Ángel Tlapale Hernández como magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y al ex consejero electoral Raymundo Amador García lo nombró como magistrado representante patronal de los Poderes Públicos, Municipios o Ayuntamientos por el periodo comprendido del 12 de enero de 2023 al 11 de enero de 2027.
El primero es un priista que ocupó ese cargo desde el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, donde siempre operó para beneficiar a líderes de sindicatos aliados al sistema como al grupo de Edgar Tlapale Ramírez, ex dirigente del poderoso gremio de burócratas del “7 de Mayo” y que hoy busca joder para que Enrique Escobar Cortés no pueda seguir controlando ese sindicato y éste pase a manos de la familia Erazo Rodríguez a través de su hija Karina Erazo Rodríguez.
Del otro magistrado, Raymundo Amador García, sobra decir que formó parte del Consejo General del ITE que operó para arrebatar el triunfo electoral a Lorena Cuéllar Cisneros en las elecciones de gobernador celebradas en el 2016, en donde también estuvo el consejero electoral priista Mario Cervantes Hernández, hoy inútil Director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
Además, Amador García fue acusado de solicitar dinero al petista Jesús Portillo Herrera para ayudarlo a convertirse en diputado local por la vía plurinominal, lo que generó un escándalo que vulneró aún más la poca credibilidad de la autoridad electoral de Tlaxcala y del entonces consejero electoral.
Resulta increíble ver como los lorenistas y morenistas que trabajaron y se esforzaron para ganar la gubernatura de Tlaxcala en el 2021 son relegados y marginados para dar paso a los priistas y a los desleales que son los que ocupan los mejores cargos de la burocracia dorada en la entidad.
Si alguien entiende lo que pasa que nos explique, porque yo francamente no comprendo el porqué de ciertas decisiones.
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