Las denuncias de corrupción empiezan a caminar
11 noviembre, 2021 Por Martin Ruiz
La llegada de Lorena Cuéllar Cisneros al gobierno de Tlaxcala sin duda vino a sacudir el andamiaje creado para prevenir, investigar y castigar la corrupción, porque al parecer la pasividad priista que simulaba combatir esa nociva práctica dentro de las estructuras administrativas tanto a nivel municipal como estatal ya no existe, de ahí que las denuncias para sancionar ese delito han empezado a integrarse y lo que es mejor a judicializarse.
El sistema estatal anticorrupción que costaba varios millones de pesos a los tlaxcaltecas y que creó el ex mandatario priista Marco Antonio Mena Rodríguez nunca funcionó ni operó debidamente en la entidad, porque las denuncias nunca se investigaban ni tampoco se puso en marcha acciones o programas para recibir acusaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas que fueron víctimas de conductas corruptas.
La gobernadora Cuéllar está demostrando con hechos que su administración no protegerá ni solapará la corrupción, de ahí que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha comenzado a dar resultados que sin dudas deberá preocupar a los ex presidentes municipales y a los ex funcionarios estatales que presuntamente incurrieron en anomalías y deberán enfrentar en los próximos meses la justicia.
De acuerdo con la titular de la PGJE, Ernestina Carro Roldán, en 2020 hubo sólo 16 carpetas judicializadas en los distritos judiciales de Sánchez Piedras y Guridi y Alcocer, pero en este año ya suman 58 y se espera que la cifra se incremente en los siguientes días.
Un dato que muestra claramente que las cosas han cambiado, es que del total de 74 carpetas judicializadas entre 2020 y 2021, el 78 por ciento corresponden a los procesos iniciados el año en curso.
Seguramente en el 2022 veremos a ex alcaldes compareciendo ante el Ministerio Público o jueces junto con sus colaboradores, como al perredista Eymard Grande Rodríguez que mal gobernó y administró el ayuntamiento de Panotla, también al priista Jesús Herrera Xicohténcatl que dejó un desastre en el municipio de Papalotla.
A la lista hay que agregar al mediocre perredista o petista Eloy Reyes Juárez que al parecer malversó los recursos del ayuntamiento de Apetatitlán, así como al galán Tomás Orea Albarrán que dejó un desorden financiero y administrativo en Zacatelco, al igual que al fiestero Héctor Domínguez Rugeiro en el municipio de Chiautempan.
Aunque la ineficaz Contralora del Ejecutivo, Eréndira Cova Brindis, próxima secretaría de la Función Pública lleva un trabajo de bajo perfil más para cuidar a sus ex camaradas priistas que laboraron en el gobierno del castrado Marco Mena que en emprender las acciones para llevarlos a rendir cuentas por sus tropelías y transas, sí habrá ex funcionarios estatales que enfrentarán acusaciones penales por sus excesos y malos manejos no sólo del erario, sino de bienes propiedad del gobierno que no se localizan por ningún lado.
Sólo es cuestión de tiempo para conocer la lista de esos ex funcionarios que tendrán que acudir a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la PGJE para aclarar muchas anomalías que conforme avanza la revisión de los expedientes de la entrega recepción siguen apareciendo inconsistencias.
El combate a la corrupción es una realidad y tenga la seguridad que en la era de Lorena Cuéllar como gobernadora no habrá en Tlaxcala encubrimiento ni tolerancia a ese delito.
Por cierto, en donde urge un cambio y una verdadera sacudida es en el inservible Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, porque aunque no lo crea ese organismo sigue evaluando cada uno de los objetivos específicos integrados en su agenda de trabajo, con el propósito de ejecutar líneas de acción, procesos, proyectos y actividades para fortalecer la implementación de la política anticorrupción en el estado.
Si ese comité se la pasa planeando y evaluando es obvio que en términos reales no hace absolutamente nada, por lo que mejor sería pensar en su desaparición y evitar a los tlaxcaltecas un gasto inútil porque al final se mantiene una estructura burocrática que no aporta ningún resultado.
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