Por José Luis Ahuactzin
Sorpresiva resultó la mediocridad de quien maneja el ITEA, pues resulta que un desfalco por casi 40 mil pesos a las finanzas públicas, se trata de cubrir con una justificación inverosímil: «cheques sustraídos de oficinas administrativas…».
Así fue justificado ante la Auditoría Superior de la Federación el faltante de recursos públicos federales que se encontraron a José Javier Vázquez Sánchez, dentro del informe de fiscalización a fondos federales del ejercicio 2018, del que se tiene una copia.
Este personaje, a su paso por el Congreso local siendo dos veces diputado del PRI, dejó evidente no sólo su ambición por las finanzas, sino su verdadero *YO»; parece que se encontró a sí mismo sobre quién en verdad es.
Como diputado local su paso fue gris y solo se le recuerda por la basificación de familiares de los entonces diputados de forma discrecional en la LXI Legislatura, porque de iniciativas o leyes aprobadas nada se sabe.
Su participación, si es que se le puede llamar así, solo se constriñó a leer la dispensa del trámite legislativo de la segunda lectura, y todavía con la agravante de cometer faltas ortográficas verbales.
El dueño de gasolineras, quien solo se le recuerda por su folclor en los malos tratos a los empleados, donde quiera que se pare, deja su huella: ignorancia y abuso.
También se le recuerda porque ha pasado de cargo en cargo cual sabelotodo: diputado, gasolinero, funcionario del ITEA, funcionario de la SEP, Contador, Administrador, cuentachiles, y represor; este último porque al basificar a familiares de diputados en el 2016, él como presidente del Comité de Administración retuvo a diversos directores de medios de comunicación para exigirles revelarán la fuente informativa que ventiló los excesos en las 12 basificaciones.
A tal grado que Vázquez Sánchez y Evangelina Paredes, fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se les obligó a ofrecer una disculpa a periodistas por su actitud revanchista, y violar la libertad de expresión.
Pese a su historial, ahora enfrentará la justicia penal si no comprueba dónde quedó el recurso de 39 mil pesos desfalcados de fondos federales.
Por si fuera poco, el funcionario ligado al marianismo y ahora funcionario del actual gobierno, quiere morder la mano de quien no sólo le da de comer, sino de quien lo mantiene vigente en la política y su desfalco suena a querer meter el pie al gobierno de Marco Mena.
El funcionario no sólo debe ser despedido del cargo, sino sometido al nuevo sistema anticorrupción para que se cumpla esa máxima de «caiga quien caiga».
Mientras no exista una sociedad organizada, activistas decididos, o gobernantes que exijan, veremos el desfile de la doble máscara de políticos en la función pública.
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